Si en algo se puede coincidir con el informe de conclusiones de la comisión que ha investigado la supuesta trama de espías en la Comunidad de Madrid es con el párrafo en el que se expresa la confianza en que la investigación judicial termine con "el total esclarecimiento de los hechos". Ojalá sea así, porque si había alguna esperanza de que la comisión aclarase algo, ésta ya se ha disipado. El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba hoy los resultados de una investigación parlamentaria con ribetes de farsa tragicómica para consumo de quienes sólo están dispuestos a escuchar lo que les conviene. Ha dado igual la gravedad de las acusaciones, en este caso el supuesto espionaje desde la Consejería de Interior de la Comunidad de altos cargos como el vicepresidente regional o el número dos de Gallardón en el Ayuntamiento. La comisión ha despachado un asunto de una gravedad inusitada en cuatro sesiones y con apenas una decena de comparecencias, entre las que, por cierto, no se hallaba ninguno de los supuestos espiados y sí un consejero de Interior de un gobierno socialista de los años ochenta. Todo un sinsentido para una pantomima en la que, desde un principio, se veía con claridad el interés del Gobierno de Madrid en enterrar el asunto. Los populares se cargan las pruebas del pretendido espionaje asegurando que los partes publicados sobre los seguimientos -en plena guerra entre los aguirristas y los fieles a Rajoy- no se corresponden con la agenda de los espiados. En realidad, poco más cabía esperarse. Aguirre no estaba por la labor de inmolarse ni por la de sacrificar al consejero de Interior, Francisco Granados, bajo cuya responsabilidad se habría espiado a los altos cargos. Queda por ver si el PP de Rajoy tomará alguna iniciativa después de este fiasco, pero no parece probable, lo que no quita para que el caso siga abierto. La Fiscalía de Madrid sigue investigando y puede haber novedades que arrojen la luz que la comisión de la Comunidad ha intentado apagar.
