Si algo ha sorprendido del anuncio de la dimisión del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, es que lo haya hecho justo días antes de que el Tribunal Supremo decida si pide al Senado un suplicatorio para seguir investigándole por la presunta comisión de un delito fiscal y otro de cohecho o, por el contrario, archiva la causa abierta contra él.
Se suponía que Bárcenas esperaría a esa fecha para tomar una decisión, pero como observa cualquier lector atento de todo lo relacionado con el escándalo de la trama Gürtel, la situación era insostenible y el propio Bárcenas, al que ya muy pocos apoyaban, se había dado cuenta de que no podía aguantar ni un minuto más en el cargo.
El juez Garzón, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el Supremo han apreciado indicios suficientes de delito en la actuación de Bárcenas, a quien se acusa de haber recibido 1.353.000 euros de las empresas de Francisco Correa a cambio de la concesión de contratos para la organización de actos del PP. No se negará desde aquí su presunción de inocencia, pero es de sentido común que su presencia al frente de las cuentas de un partido con vocación de gobierno, y no hay más que ver los resultados del barómetro del CIS, no podía mantenerse en estas circunstancias.
De hecho, da la sensación de que se trata de una salida pactada por él y por Rajoy para evitar que el escándalo siga salpicando al PP y termine por frenar la tendencia alcista del partido. Al fin y al cabo, se va "de forma transitoria", algo que no deja de ser muy poco habitual en una dimisión que más bien parece un apartamiento o una suspensión temporal acordada por ambos, y podrá regresar al cargo de tesorero de su formación si se archiva la causa abierta contra él. Además, mantendrá su acta de senador en la Cámara Alta, con lo que se garantiza las prerrogativas de los representantes públicos y acudirá a los tribunales en calidad de aforado para defender su inocencia.
