Parece improbable que la reforma laboral se libre de ser legislada por decreto, como sucedió con José María Aznar y con José Luis Rodríguez Zapatero con pocos resultados. La falta de acuerdo entre los agentes sociales en puntos clave como los contratos y, especialmente, los costes del despido, y la confianza que tiene depositada la patronal en lo que pueda aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy han enfriado unas negociaciones que aún quieren apurar los sindicatos, a pesar de que las reuniones entre las partes duran ya más de dos años.
En cualquier caso, y aunque ha expirado el plazo dado por el presidente del Gobierno a los agentes sociales poco después de conocer el resultado de las elecciones, hoy no será el día en que se presente tan esperado decreto. El Consejo de Ministros sí discutirá sobre el asunto en su reunión de los viernes, aunque no se espera que haga público un documento con los flecos cerrados.
En cuanto a las partes implicadas, se ha hecho evidente en las últimas jornadas que los sindicatos temen más lo que pueda decidir el Gobierno que seguir negociando con la patronal, a pesar de que había cedido en puntos como la transformación de contratos a tiempo completo por parciales. Sin embargo, la CEOE aguarda con confianza lo que pueda decretar el Ejecutivo de Rajoy.
Sin ir más lejos, ayer el presidente de la patronal española, Juan Rosell, dio por hecho que el acuerdo con los sindicatos no es posible, al menos en el plazo marcado por el Gobierno, aunque dejó la puerta abierta a seguir buscando acuerdos más adelante para mejorar la situación económica y del mercado laboral.
"No es que estemos lejos ni cerca del acuerdo, sino que no hay acuerdo y cuando no hay acuerdo, lo mejor es decirlo. Eso no quiere decir que no sigamos por nuestra parte intentando llegar a acuerdos, pero no podemos estar indefinidamente hablando", subrayó Rosell en Onda Cero. Así, recordó que el plazo dado por el Gobierno "ha caducado" y que sindicatos y empresarios le han enviado un documento para explicarle hasta dónde han llegado las negociaciones, los acuerdos que han podido alcanzar en algunas materias y la ausencia de consenso en temas de calado.
Sobre uno de los escollos en la negociación -la patronal quiere contratos con despido improcedente de 20 días por año-, Rosell desveló que el Gobierno pidió a los agentes sociales que trabajaran en una especie de "contrato de crisis" y que él ha definido como un contrato fijo, con una indemnización por despido menor a la actual, y con vigencia temporal, posiblemente hasta 2013.
Eso en el lado de la patronal. En el de los sindicatos, la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, insistió en la voluntad del sindicato de seguir "dialogando y negociando" con los empresarios las materias en las que no hay acuerdo, como son salarios o la articulación y vertebración de la negociación colectiva.
Por último, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que el Gobierno debería legislar su propia reforma ya para ganarse la confianza del mercado, lo que bajaría la prima de riesgo. Así, le aconsejó un contrato indefinido único con coste por despido de hasta 33 días.
