El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, hablando sobre los ERE
El impulso que la jueza Mercedes Alaya ha dado al caso ERE en las últimas dos semanas también ha servido para que el PP-A se rearme. El partido liderado por Juan Ignacio Zoido no ha encontrado durante el primer año de legislatura una herramienta más potente que el caso ERE para ejercer la oposición al Gobierno de José Antonio Griñán. Esta semana los populares han decidido ir un paso más allá de los autos de Alaya, y han empezado a insinuar acusaciones sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE a partir del fraude en los expedientes de regulación de empleo. Griñán, han dicho, es el cajero de los ERE. Los socialistas han amagado enseguida con querellarse contra los dirigentes populares por un delito de calumnias y atentado contra el honor. Pero el aviso no ha frenado a Zoido. En una entrevista con Europa Press, hecha pública ayer, el líder popular vaticina que habrá más socialistas manchados por la corrupción. El caso ERE ha servido para que destacados militantes del PSOE-A, altos cargos de la Junta y sus familiares hayan sido beneficiarios de un dinero público que no les correspondía.
Zoido explica que comparte las insinuaciones del número dos de su partido, José Luis Sanz, que días antes aseguró que algunos de los imputados en el caso ERE recibieron órdenes tras visitar despachos del PSOE-A, del PSOE de Sevilla y de la Diputación provincial hispalense. Esta parte de la instrucción de Alaya se centra en las personas que hicieron de intermediarios entre las ayudas públicas de la Junta que salían de un fondo de 721 millones de euros y las empresas o personas beneficiarias. Se trata de las aseguradoras, consultoras y despachos de abogados que recibieron sobrecomisiones millonarias por decidir cómo y a quién llegaban las ayudas, y que al parecer tenían en nómina al principal imputado en el caso, el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. Zoido ha vuelto a insistir en que Griñán debe comparecer en el Congreso para dar explicaciones, porque de alguna u otra manera deberían analizarse estos hechos en la Cámara baja. Su partido, desde Madrid, ya advirtió de que el reglamento del Congreso no permite a Griñán comparecer, a no ser que se cree una comisión ad hoc. El líder andaluz se mostró dispuesto a acudir, siempre que se habilitase una comisión de investigación conjunta para el caso ERE y para el caso Bárcenas.
Sin embargo, Zoido rehusa cualquier tipo de comparación entre el fraude de los ERE y la investigación judicial en torno al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Esta semana, coincidiendo con los interrogatorios de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción en Madrid hizo llegar al juez Pablo Ruz pruebas de la contabilidad del PP gestionada por Bárcenas que tratan de demostrar la supuesta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel. El fiscal describe la salida de dinero de la supuesta caja B de la red dirigida por Francisco Correa, que posteriormente Bárcenas declaraba en la contabilidad oficial del PP como donaciones ante el Tribunal de Cuentas.
Zoido matiza que el de los ERE es el caso de una trama perfectamente orquestada en la Junta para defraudar cientos de millones y que no es comparable con el caso Bárcenas. El caso ERE viene de muy antiguo y todavía se está estudiando. El tema de Bárcenas ha surgido ahora y lo que pido como presidente del PP-A es que se sepa toda la verdad cuanto antes, insistió, para dejar claro que ambos son totalmente rechazables, pero no comparables uno con el otro. Zoido también se defendió de quienes acusan al PP de utilizar el caso ERE para tapar el caso Bárcenas y, tras negarlo rotundamente, señaló que si la Junta hubiera colaborado desde el principio con la investigación del fraude ya no habría caso ERE. Griñán comparecerá el próximo jueves en el Parlamento para volver a dar explicaciones.
El PP-A pide investigar el fraude en el fondo de Formación y Empleo El primer día de la operación Heracles, que se saldó con 22 detenidos (siete de ellos en prisión), el exdirector general de Empleo y principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, declaró ante la jueza Alaya que sabía que se movía dinero desde la Dirección General de Trabajo, pero que eran unos 54 millones de euros al año de la partida 31L [la que él mismo llamó fondo de reptiles], y que esta cantidad era una parte muy pequeña del presupuesto, comparado con la parte destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones. Basándose en esta declaración, el PP-A pedirá la semana que viene en el Parlamento que se investiguen los fondos de la Junta destinados a cursos de formación para parados, gestionados por los sindicatos. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, sospecha que si lo que dijo Guerrero es cierto podría haberse movido una cantidad de dinero muy espectacular y mayor que la partida que gestionaba el propio Guerrero desde su departamento.
El PP no podrá impulsar, por ahora, una nueva investigación sobre este caso, porque aún se encuentra bajo secreto de sumario. Hasta que no se levante el secreto de sumario, no sabremos si este punto se ha investigado o no, pero si cuando se abra, las cantidades no coinciden, tomaremos decisiones, dijo Zoido, dejando la puerta abierta a una posible demanda de su partido (el PP-A ya está personado en la causa de los ERE). El líder popular se atrevió a vaticinar que serán otros muchos los que todavía tengan que incorporarse a la lista de personas que, habiendo ocupado durante mucho tiempo altos cargos bajo la presidencia del señor Chaves y el señor Griñán, pueden tener responsabilidad en el caso.
Zoido se mostró escéptico sobre las advertencias del líder de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cuando dijo que su formación rompería el pacto de Gobierno con el PSOE si alguien del gabinete fuera imputado. Ya tiene elementos suficientes para dejar la Junta, aseguró.
