Después de que en la jornada de ayer se diera lectura a los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y del PP, la segunda sesión del juicio por el procedimiento específico de los ERE ha comenzado con la lectura de los escritos de defensa. Un turno que se ha abierto con el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y que ha seguido con su sucesor José Antonio Griñán. Ambos coinciden en su defensa en que no fueron alertados por la Intervención de las irregularidades y que, por tanto, no podían conocer el fraude. Hoy será imposible terminar con este trámite de lectura, así que todo apunta a que las cuestiones previas, previstas para esta semana, se aplazarán hasta que se retome el juicio el 9 de enero.
El primer escrito que se ha escuchado esta mañana ha sido el de Chaves. “Ni conocía ni podía conocer e fraude”, recoge su escrito que ha sido leído por el secretario de la Sección Primera, Rafael Castro. En su informe el abogado del expresidente, Pablo Jiménez de Panga, destaca que la Intervención no le alertó de las presuntas irregularidades que ahora se juzgan. “Nadie le advirtió de ello”, sostiene.
En este sentido, en su escrito destaca que la Intervención “no utilizó los cauces legales” para trasladarle las irregularidades y el fraude que se estaba cometiendo. Una idea que también recoge el escrito de defensa de José Antonio Griñán, elaborado por el abogado José María Mohedano, quien incluso recoge la declaración del exinterventor Manuel Gómez, también acusado en la causa, ante la jueza Mercedes Alaya. “Era un instrumento legal”, señala sobre las transferencias de financiación –el sistema que permitió trasladar fondos de Empleo al IFA y Agencia IDEA para hacer frente al pago de las ayudas sociolaborales-, recordando que Gómez le dijo a la instructora que “su empleo era inadecuado, pero no ilegal”.
El letrado destaca en su informe especialmente los “errores garrafales” que comete Anticorrupción en su acusación, uno de ellos en el cálculo del fraude y que los fiscales fijan en 741 millones de euros, ya que asegura que se debe tomar la cuantía que realamente se abonó, lo que supondría unos 26 millones de euros menos. De todos modos, el expresidente cree que al “no existir responsabilidad penal no se puede reclamar responsabilidad patrimonial”. Además, recuerda que el caso se dividió en piezas por cada una de las ayudas que aún no han sido juzgadas y que, por tanto, aún se desconoce “si uno o no fraude y el coste del mismo”.