Tras la crisis del Covid-19, SIGAUS ha apostado este 2020 por contribuir a la recuperación económica y social de Andalucía en clave ambiental. Conocedores de la importancia de este momento de ‘reconstrucción’, y del papel impulsor que la Economía Circular debe jugar en la misma, SIGAUS ha incrementado de forma notable la financiación de la recogida del aceite usado para contribuir a la supervivencia del sector gestor y garantizar que este residuo peligroso se sigue recogiendo y tratando, evitando un importante impacto ambiental, y generando con él nuevas materias primas, además de ahorrar emisiones de efecto invernadero y consumo energético.
El residuo que generan los aceites lubricantes procedentes de los motores de los vehículos y la maquinaria industrial contiene sustancias tóxicas y metales pesados que lo convierten en un potente enemigo para el medio ambiente. Desde 2007 el sistema SIGAUS se encarga de su recogida y correcta gestión en toda España, gracias a una red de casi 200 instalaciones gestoras, 31 de ellas ubicadas en Andalucía.
Se trata, en muchos casos, de pequeñas empresas de carácter local que este año han visto amenazada su subsistencia debido a la pandemia. Ante la paralización de su actividad, con una caída media del 40%, SIGAUS ha llevado a cabo una modificación total del modelo de financiación aplicado hasta ahora y que estará vigente hasta finales de año, para asegurar la continuidad de la recogida del aceite usado, con independencia de la cantidad o del lugar donde se produzca el residuo. Así, SIGAUS está abonando desde el mes de abril una cantidad fija mensual a cada una de estas empresas, en función de la actividad realizada el año pasado, proporcionando una línea estable de ingresos desvinculada de la precaria situación de 2020. El cambio puede llegar a suponer (tomando como referencia la actividad real registrada en el mes de abril) un incremento en la cantidad percibida por tonelada recogida cercano a 6 veces la cantidad percibida en 2019. Adicionalmente, se han agilizado los plazos de pago a estas empresas (de 60 a 30 días) con el fin de inyectar liquidez en el sector.