El Ministerio de Hacienda remitió el miércoles por la tarde una segunda carta al Ejecutivo andaluz pidiéndole que, en el plazo de 15 días, su Consejo de Gobierno apruebe un acuerdo de «no disponibilidad presupuestaria y efectuar la correspondiente retención de créditos» para así corregir el desvío del déficit autonómico de 2015. Andalucía cerró el ejercicio anterior con una brecha entre ingresos y gastos del 1,13 por ciento del PIB, cuando el tope comprometido era del 0,7 por ciento. El desvío alcanza unos 600 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Hacienda, un dinero que la Junta tendría que detraer de los presupuestos en vigor antes de dos semanas.
La carta del departamento de Cristóbal Montoro ha llegado a las 12 comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit el año pasado, provocando un gran revuelo político. La misiva elude hablar abiertamente de nuevos recortes, e insta a «no gastar» la parte computable al déficit de los fondos de financiación autonómica que el Gobierno entregó a las comunidades para este año. Pero la Junta sí entiende que se trata de un recorte, porque ese dinero -1.712,38 millones según el Ejecutivo central, y 875 millones según el cálculo autonómico- ya está consignado en los Presupuestos de 2016, en partidas para educación, sanidad o servicios sociales mayoritariamente.
Este ajuste sobrevenido de 600 millones pone en riesgo algunas de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de Susana Díaz, como el aumento del 1 por ciento en la nómina de los empleados públicos, la reposición del 100 por cien del salario y la jornada de los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o la devolución de un 25 por ciento de la paga extra de los empleados públicos que se les retiró en 2012. «¿Qué hacemos ahora? ¿Les retenemos la paga extra a los funcionarios? ¿Le volvemos a retirar un 25 por ciento del salario al personal eventual del SAS», se ha preguntado la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en una respuesta parlamentaria al PP sobre el déficit.
La presidenta andaluza ha sacado el asunto durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta al líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, calificando la carta de Montoro de «muy grave» y anunciando solemnemente que Andalucía no aceptará los términos de la carta y, por tanto, no aprobará ese acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. «No vamos a recortar nada más», sentenció. Díaz censuró la «actitud de intimidación de un Gobierno en funciones a las comunidades autónomas» –la carta advierte de posibles sanciones en caso de incumplimiento– e insinuó que ha sido Bruselas la que ha dado un «ultimátum» al Gobierno de España para que «o bien revise su dudosa reforma fiscal o recorte un punto del PIB del presupuesto estatal». «Si hay un ultimátum de la UE, que se diga». El PSOE llevará una proposición no de ley al Parlamento para que los grupos se posicionen a favor o en contra del mandato del Gobierno central.
Andalucía, por tanto, se ha declarado en rebeldía contra los nuevos ajustes. Esta negativa a retener el gasto expone al Ejecutivo andaluz a las medidas coercitivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como advierte la carta, y que permite al Estado retener las transferencias de financiación a las comunidades que incumplan el déficit, como acaba de hacer con Extremadura y Aragón. En última instancia el Gobierno podría intervenir las cuentas autonómicas, aunque existen dudas legales, puesto que el Ejecutivo central se encuentra en funciones y tiene limitadas sus atribuciones.