Crece la preocupación entre las empresas públicas de agua urbana de España por la reducción de recursos económicos que garanticen su funcionamiento durante y después de la crisis del COVID-19. Exigen medidas urgentes a las administraciones central y autonómicas para poder garantizar el suministro a toda la ciudadanía y que no se abra la puerta a la privatización del servicio.
Mientras las empresas privadas del agua, que suministran agua más de la mitad de la población española, han pedido al Estado y a las administraciones autonómicas que les permitan cortar el agua por falta de pago a los usuarios y que les “compensen” por las “pérdidas” en su negocio e incluso han solicitado cobrar por adelantado y ahorrarse los costes de leer los contadores de agua; los operadores públicos han trabajado en garantizar que todas las personas tengan acceso al agua y que los servicios a los usuarios durante esta crisis no se vean recortados.
“Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestro modelo público de gestión del agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), que explica que la crisis “ha provocado un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas”. Por eso, la mayoría de los operadores públicos decidieron -mucho antes de que lo decretase el Gobierno- suspender con carácter inmediato cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios.
Conscientes de que el agua urbana es un elemento esencial para la lucha contra la propagación del coronavirus, los operadores públicos de grandes ciudades como Valladolid (Aquavall), Sevilla y su área metropolitana (EMASESA), Cádiz (Aguas de Cádiz), Córdoba (EMACSA), la provincia de Huelva a través de GIAHSA, Palma (EMAYA), Tarrasa (Terrassa-Barcelona) y operadores de pequeñas ciudades como Jávea (Xàbia-Alicante), han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. “Fondos que serán una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios”, según el gerente de AEOPAS.
Pero las medidas sociales asumidas en la lucha contra el coronavirus ya están pasando factura a los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua de las ciudades. Se esperan importantes reducciones en los consumos que, según los primeros datos, ya han empezado a caer en picado. No obstante, no hay una foto única para todo el país y la situación varía según se trate de municipios con mayor dependencia del sector turístico, de la evolución de la hostelería y hasta si nos encontramos en un ámbito urbano o rural. En todo caso los datos globales apuntan a una reducción del consumo de agua que se reflejará directamente en la facturación del agua, que es el pilar económico de los operadores de este recurso. “Estimamos que la reducción en la cifra de facturación puede fluctuar entre un 8-13%, y por consiguiente el impacto financiero en los operadores públicos será muy importante”, adelanta Babiano. En Sevilla y su área metropolitana, donde las mediciones son muy objetivas, ya se han registrado caídas generales en el consumo de agua del 10%, fundamentalmente por el desplome de la industria y el turismo.
La reducción del consumo de agua generará problemas transitorios de tesorería y, en un horizonte cercano, problemas serios que solucionaran a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen del impacto económico que estamos sufriendo. En este sentido, hay que considerar que los costes fijos de nuestros operadores públicos son elevados, lo que hace que ante grandes riesgos de impagos, la ampliación del concepto de vulnerabilidad (que se ampliará significativamente) y la disminución de la facturación, el funcionamiento de los operadores públicos puede llevarles a una crisis sin precendentes