-¿Qué es la Mesa Social del Agua y por qué había que crearla?
-Se trata de la colaboración en materia de agua de un numeroso grupo de organizaciones sociales representativas de muy diferentes sectores: sindicatos, organizaciones agrarias, ecologistas, empresariales, ciudadanas y científicas. La formamos CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BIRDLIFE, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. A lo largo de los últimos tres años hemos tenido reuniones, asistido a jornadas, foros, congresos. Hemos confrontado y consensuado ideas, opiniones, criterios, posturas. Todos con una preocupación común, el presente y el futuro de nuestro recurso más valioso, el agua. Todos con la firme voluntad y convencimiento de que es mucho más importante lo que nos une que los que pretendan separarnos.
-¿Existen diferencias entre las diferentes organizaciones que componen la Mesa?
-Creo que las entidades sociales, la sociedad civil, es el motor de cambio, de progreso. Por ello, las organizaciones que componemos la Mesa Social del Agua hacemos un llamamiento al compromiso y la participación: todos somos necesarios. Precisamente esta es la originalidad de la experiencia que venimos desarrollando en Andalucía los últimos, una experiencia inédita, singular, y en nuestra opinión muy valiosa. La gestión del agua es extraordinariamente compleja, multisectorial y pluridisciplinar. Todos los usos del territorio y todas las actividades sociales, productivas o culturales, afectan al agua, y cada una de ellas conlleva sus propios objetivos y valores. El enfoque de servicios ambientales lo expresa bien. Los ecosistemas prestan servicios de tres tipos a los seres humanos: servicios de provisión (riego, abastecimiento, energía, materiales...), de regulación (biodiversidad, recarga acuíferos, laminación de avenidas...) y culturales (ocio, recreo, espiritualidad, identidad...). Cada uno de ellos tiene sus propios protagonistas, en algún caso grupos reducidos, en otros la generalidad de la sociedad, con diferencias territoriales (aguas arriba, aguas abajo) y temporales, incluso. La comunicación entre estos protagonistas, en situación de igualdad y en un marco de democracia, es la condición imprescindible para negociar soluciones y alternativas sostenibles y justas. A esto quiere contribuir la Mesa Social del Agua de Andalucía.
-¿Qué acciones está planteando esta Mesa Social?
-En esta aún corta trayectoria, desde la Mesa Social del Agua hemos realizado aportaciones al Reglamento del Ciclo Integral Urbano del Agua, formamos parte de diversos órganos participativos, firmamos el Manifiesto de Priego de Córdoba y presentamos alegaciones conjuntas al Plan Especial de Sequías de la cuenca del Guadalquivir. En las últimas semanas, hemos asistido a los Foros convocados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para presentar su propuesta de Pacto Andaluz por el Agua. También hemos aportado nuestras opiniones en el reducido espacio de participación y formato de dudosas garantías que la Consejería ha abierto. Hemos convocamos un foro de debate sobre el necesario pacto social del agua en el que vamos seguir impulsando estas ideas.
-¿Y en abastecimientos a la ciudades y pueblos?
-La garantía del abastecimiento de agua potable de la máxima calidad ha de ser una prioridad central de la gestión del agua. La protección de las áreas de captación no está suficientemente desarrollada ni en la normativa ni, mucho menos, en la práctica. Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia. El Pacto de Agua debe asumir y hacer prevaler, como eje central de las políticas del Ciclo Integral, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada el pasado mes de octubre. Sin embargo, hasta ahora no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica. Desde la Mesa Social creemos que su aplicación debería de ser inmediata.
-¿El Pacto que el Ejecutivo ha presentado es realmente un acto abierto y busca el acuerdo o por el contrario es solo una excusa para crear nuevos embalses y nuevos trasvases que simplemente busca hacerle un “traje a medida” a los grandes regantes y a las compañías hidroeléctricas?
-Para que un procedimiento de participación en materia de aguas pueda legitimar la decisión adoptada debe involucrar al público en general y a todas las partes interesadas de forma real y activa, conforme exigen el Convenio de Aarhus de 1998, la Directiva Marco del AEl pacto degua y la legislación nacional y autonómica que los desarrollan. Estos requisitos no los cumple el Pacto del Agua que se nos está proponiendo. Echo particularmente en falta la identificación de la forma en la que se van a tener en cuenta los resultados de la participación, y los medios de transparencia y comunicación que se utilizarán para difundir las actas de las reuniones, las alegaciones y escritos presentados por las partes y todos los trámites sucesivos, incluida la decisión final.
-¿Entonces qué opina usted del pacto del Agua que propone la Junta de Andalucía?
-El documento del Pacto del Agua, reconociendo los problemas de insostenibilidad del modelo de desarrollo socio-económico y sus impactos sobre los ecosistemas y los propios territorios, propone “consensuar objetivos realistas” que puedan ser abordados frente a “grandes promesas que luego no se pueden cumplir”. En este sentido, es necesario recordar que, en el plano normativo, la definición de los objetivos ambientales para cada masa de agua, las excepciones que en cada caso se puedan aplicar, y las acciones para su consecución viene definidas rigurosamente, y no como "grandes promesas", por la normativa vigente (Directiva Marco del Agua, Ley de Aguas, Reglamentos e instrucción de la planificación hidrológica). Los ecosistemas acuáticos de Andalucía dan soporte a una serie de servicios ambientales, incluidos los económicos (de provisión), que, en el largo plazo, si se siguen deteriorando pueden poner en riesgo el desarrollo de buena parte de los territorios de la comunidad, como la situación del estuario del Guadalquivir o a la corona forestal de Doñana ponen de relieve.
-¿Existen contactos fluidos entre la Junta de Andalucía y los miembros de la Mesa?
-Desde septiembre del año pasado venimos solicitando una reunión conjunta de la Mesa con la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Hemos podido reunirnos brevemente y por separado con los directores generales de temas de agua. No se puede considerar que la relación sea fluida, aunque como hemos he dicho hemos participado en el limitado proceso de participación que se ha abierto.
-¿La Junta de Andalucía ignora el derecho humano al agua aprobado por el anterior Parlamento?
-La realidad es que de momento nada ha dicho ni no hecho respecto del necesario desarrollo de lo contenido en la Ley de Cambio climático aprobada en octubre del 2018, en la que se reconoce ese derecho humano, como ya dije antes. Desee luego en nuestros comentarios al Pacto del Agua propuesto, reiteramos la necesidad de la confirmación y desarrollo de esta figura.