La comisaría de la Gavidia seguirá en pie. El informe técnico y arquitectónico encargado por Urbanismo el pasado diciembre determina que el edificio, que data de 1962, se encuentra en mejores condiciones de conservación de las esperadas y que las patologías no revisten la gravedad que se temía. Eso sí, subsanar los daños estructurales sí que tendrá un coste ya cuantificado por el Ayuntamiento en algo más de un millón de euros.
Las dudas sobre su estado de conservación llevaron al alcalde, Juan Espadas, en su momento, a hablar de un posible derribo si las peores previsiones se confirmaban y el estudio recomendaba su demolición. Es más, el regidor hispalense llegó a preguntarse si no sería «el edificio en sí mismo el problema para conseguir un comprador». Como no podía ser de otra manera, las afirmaciones encendieron todas las alarmas y raro fue el experto que no dio su opinión. El propio arquitecto del edificio, Ramón Montserrat Ballesté, defendió que el inmueble después de tantos años de abandono «está muy descuidado, está en mal estado. Esto no quiere decir que esté en ruinas». El artífice de la antigua comisaría admitía que «habría que hacer mucha obra, y es posible que costara más que hacer uno nuevo. No puedo decir que esté en perfecto estado de uso, pero sí estaba bien entonces».
Y es que, más allá de las consideraciones estéticas, en las que hay más de una coincidencia, el valor de la Gavidia, reside en que es representativa de la arquitectura del Movimiento Moderno, por lo que está incluida en el registro de la Fundación Docomomo Ibérico y protegida por el Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla y por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como Bien de Interés General de Andalucía, catálogo en el que no se incluyó hasta 2007.
Tras la tormenta, que permitió conocer el sentir de la ciudadanía ante ese posible escenario, todo hay que decirlo, finalmente el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, enterró el debate asegurando que «se han pedido informes a Urbanismo sobre la seguridad del edificio. Pero eso no significa ni mucho menos que sea para demolerlo. No se contempla».
Aún así quedaba por confirmar la situación del inmueble a la luz del estudio, que no es el primero que se le hace al edificio. El último chequeo a fondo databa de 2009 y se hizo para valorar su estabilidad por cuestiones de seguridad. En sus conclusiones establecía limitaciones de peso (300 kilos por metro cuadrado) y recomendaba inyecciones de cemento para reforzar los cimientos. Pero no establecía conclusiones alarmantes ni vaticinaba grandes riesgos para su conservación a corto plazo. Siete años después nada se ha hecho en el inmueble por lo que este nuevo estudio requería volver a determinar su estado, su deterioro por la falta de atención en estos años y su posible adecuación a determinados usos comerciales para valorar cuánto supondría su rehabilitación para volver a ponerlo en valor y estudiar cómo podrían financiarse las obras de mejora necesarias.
A la luz de las conclusiones, que descartan la necesidad de un derribo, se abre un nuevo escenario para el futuro de este edificio que lleva más de 12 años sin uso. Pues, aunque el edificio de la antigua comisaría de Policía Nacional no se encuentra en tan mal estado, las obras de reparación de los daños estructurales, necesarios para una posterior rehabilitación y adecuación del edificio, costaría algo más de un millón de euros. Una cantidad que no podría afrontar el Consistorio en solitario, por lo que la alternativa más viable sería contar con financiación privada para sufragar los costes de la actuación primera en la antigua comisaría.
El informe actual, que se licitó en el mes de diciembre, con un presupuesto de 9.982 euros, ha realizado una inspección para la localización de daños y anomalías, reconocimiento de elementos constructivos y estructurales e incluso apertura de catas, medición de espesores en acero sano en perfiles metálicos mediante ultrasonidos, determinación de la carbonatación del hormigón mediante timolfaleina, comprobación de la cimentación y las condiciones de resistencia para posibles usos comerciales, comprobación de los valores para sobrecargas paras todos los posibles usos de carácter comercial o terciario, realización de cálculos sobre cimentación y estructura en función de necesidades existentes y análisis de los costes de los refuerzos necesarios para la rehabilitación de la estructura y cimentación.