Otro cameo de la quita de deuda en la escena política: ¿será verdad esta vez?

Hubo una vez una oferta de quita de deuda a Cataluña, extendida después al resto de comunidades, que encendió la ira del PP y sus presidentes hasta el punto de llevar un pleno monográfico al Senado alertando de que la oferta del Gobierno de España era un regalo envenenado, que nadie se atreviera a coger el cheque. Eso fue en noviembre. ¿Se acuerdan cuando la unidad de España se iba al garete por esa oferta de Pedro Sánchez? La política nacional se despeña por el filo del precipicio tantas veces en tan poco tiempo que es imposible retener en la memoria tantos incendios.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que sería en febrero cuando el Ministerio de Hacienda abriría una ronda de contactos con las comunidades para presentar la fórmula y el cálculo de quita de deuda para cada gobierno autonómico. Nunca ocurrió. Cataluña no pudo aprobar presupuestos, convocó elecciones y cualquier negociación quedó arrinconada. Hasta hoy.

“Sin avances”, admiten en el Gobierno. El compromiso sigue siendo aprobar la asunción de deuda y los técnicos del Ministerio sí han ahondado en la fórmula técnica y tienen una cifra para cada comunidad. Pero aquí lo importante no son las matemáticas sino la política. Para aprobar esa quita, señalan desde Hacienda, no hacen falta Presupuestos.

Empujar a la investidura

El Gobierno pondrá sobre la mesa el tema recurrente de la deuda para allanar el camino a una investidura de Salvador Illa en la Generalitat. Cualquier carta sobre la mesa que pueda convencer a ERC de que su voto no será gratis será bienvenida. El paso lo marca Cataluña. Habrá compás de espera hasta las europeas. La ronda para la quita de deuda se ajustará al momento procesal oportuno para que ayude al PSC, admiten los socialistas. Puestos a esperar... los tiempos los dictará una estrategia política donde las europeas son la próxima meta y Cataluña el colofón final.

Otra cosa es la financiación. Aquí sí que no se esperan avances. Es una anomalía tan importante como el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que cinco años después el PP impide renovar, provocando una sangría de plazas y vacantes sin cubrir en el Supremo y en otros ámbitos de la carrera judicial. La reforma de la financiación autonómica sigue sin estar sobre la mesa, ni parece que vaya a estarlo en una legislatura donde no se adivina que PSOE y PP vayan a sentarse a firmar consensos en asuntos de Estado. Los independentistas aprietan hacia un modelo foral como el vasco.

El sistema, pendiente de revisión desde 2014, resiste porque las comunidades tienen inyección de fondos extras desde el Estado gracias a la benevolencia de Europa en el reparto de ayudas postcovid. Cuando Bruselas cierre el grifo, la cosa estallará. Ahora la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, junto a Castilla La Mancha, se llevan la peor parte.

El economista Ángel de la Fuente, una de las voces más autorizadas en esta materia y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisaba días atrás en una interesante entrevista con Vicente Montes en La Nueva España de que España "corre un riesgo serio de que se inicie una deriva confederal, con la extensión a otras regiones ricas de algo parecido al sistema foral que les permita reducir sus aportaciones a la caja común". Visto así, más vale que la carta de la investidura catalana se juegue solo con la quita de deuda porque si no, mal iremos para el principio de solidaridad imprescindible en el modelo de Estado actual.