Opinión | Pensamiento Periférico
El día que Andalucía pidió devolver a los menores a Marruecos y no fue precisamente Vox
Seamos sinceros. ¿Qué prefiere un alcalde un centro de menores o un centro de salud en su pueblo? ¿Cuántos quieren en su calle un centro de acogida o en la clase de sus hijos más extranjeros que nacionales?
![Un menor migrante junto a una voluntaria de Cruz Roja en Fuerteventura.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4f3c3a3f-06ac-4395-b323-7cdf9c9a819c_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Un menor migrante junto a una voluntaria de Cruz Roja en Fuerteventura. / Carlos de Saá /Efe
Fue en el verano de 2018 cuando Andalucía sintió en sus propias carnes lo que hoy está viviendo Canarias. El sistema de acogida a menores inmigrantes llegados en pateras a las costas andaluzas se desbordó. Se habilitaron centros deportivos municipales o colegios como albergues, se ampliaron plazas por semanas y se reforzaron los convenios con las asociaciones para atenderlos pero el sistema colapsó. La comunidad andaluza pidió sin éxito solidaridad a otras comunidades autónomas y la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, reclamó, avalada por el fiscal de menores de Sevilla, que esos inmigrantes fueran devueltos a Marruecos. La teoría que circuló es que muchos estaban al filo de la mayoría de edad y eran las propias familias las que pagaban un dinero a las mafias para garantizarles el viaje a los 16 ó 17 años, seguros de que al ser menores no se podían devolver a sus países.
El Gobierno frenó aquella propuesta que la expresidenta de la Junta llevó a una Conferencia Sectorial y trató de negociar con Marruecos, a quien propuso la apertura de centros de formación para estos menores al otro lado del Estrecho. En una entrevista en la Ser, Díaz defendió: "Esos niños tienen unas familias y unos hermanos que los esperan en su país... Tienen que volver con sus familias con todas las garantías".
Andalucía tuvo que hacer un desembolso extraordinario de 48 millones de euros, comprobó como era incómodo mendigar ayuda al resto de comunidades sin que nadie prestara auxilio. El sistema evidenció todas sus carencias. Menores huidos 200 kilómetros a pie, encontrados exhaustos, escapando de los centros donde eran acogidos. Incomunicados porque no entendían una palabra del idioma. Miradas de pavor arropadas por las mantas de Cruz Roja… Tensiones con otras comunidades como Cataluña, que acusó a la Junta de Andalucía de meter a los menores en autobuses con los billetes pagados destino a la comunidad catalana y una desafortunada consejera de ERC asegurando que “los niños que esnifan colas en las calles de Barcelona vienen de Andalucía”. En 2002, en la primera gran crisis que vivió Andalucía en la acogida de menores, esa tensión fue exactamente igual con la Generalitat. Ahora Junts le dice al Gobierno que vota la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso pero que a ellos les pongan una cláusula de excepcionalidad, que a Cataluña no vayan.
Frágil memoria
Seis años después lo que vivió Andalucía lo está pasando Canarias y a los andaluces se nos ha borrado de la memoria aquel verano de 2018. Ahora es la Junta andaluza la que acusa al Gobierno de mandar como adultos a menores y apela a su “singularidad” como costa fronteriza para asegurar que está colapsada y no tiene sitio en sus centros. La memoria es frágil y con la inmigración no aprendemos. Todo se hace de emergencia, parche tras parche, sin soluciones de fondo. La nueva reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a las comunidades es una prueba más. Detrás hay 5.000 menores, historias duras, desgarradoras… Vidas humanas. Niños como nuestros hijos.
Después vino Vox y asumió esa propuesta de devolver a los menores inmigrantes que en su día hizo Susana Díaz. La primera vez que el partido de Santiago Abascal negoció en las instituciones lo hizo en el Parlamento andaluz y sobre la mesa puso la expulsión inmediata de 52.000 inmigrantes “ilegales” que vivían en la comunidad y suprimir las ayudas o la atención médica a quienes no estuvieran regularizados. Ahora Vox pide al PP que no se acepten menores en las comunidades donde gobiernan bajo la amenaza de romper sus coaliciones si eso ocurre. Qué mal debate y qué mal planteamiento. Qué poco aprendemos. Son menores. Hay una cuestión de humanidad.
Seamos sinceros. ¿Qué prefiere un alcalde un centro de menores o un centro de salud en su pueblo? ¿Cuántos quieren en su calle un centro de acogida o en la clase de sus hijos más extranjeros que nacionales? Afrontar el debate de forma hipócrita da alas a los discursos xenófobos y racistas. Hace falta pedagogía. Se necesita un debate constructivo, desmontar bulos y mentiras, exterminar datos falsos que prenden como la pólvora y agitan un sentimiento tan primario como eficaz: el miedo. En lugar de eso tenemos chantajes de rupturas de gobiernos, comunidades que dicen que con ellos no cuenten y dirigentes políticos jugando con el reparto de niños como si fueran ganado. Con Ucrania el sistema pudo habilitarse en tiempo récord, al ser una cuestión estratégica y de geopolítica y de color de piel, no hubo problemas para establecer mecanismos rápidos y eficaces. No sé si tenemos lo que nos merecemos.
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