Condenados por convertir Cataluña en un engaño sedicioso

Jordi Pujol, su familia y sus lugartenientes les han robado a manos llenas. Para eso nunca tienen tiempo ni ganas de manifestarse y protestar los minoritarios grupos de exaltados independentistas catalanes que ayer se afanaron, todos a una, en bloquear el aeropuerto de Barcelona para escenificar con repercusión internacional que son mártires políticos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes que conculcaron sistemáticamente el sacrosanto Estatuto de Cataluña. Victimismo falaz pues son ellos quienes manejan el poder en la mayor parte de las instituciones autonómicas y locales. Organizan la desobediencia con coche oficial, con subvenciones para su casta y repartiendo cargos con los sueldos más elevados de cualesquiera administración pública en la Península Ibérica. La sentencia 459/2019 no solo restaura el principio de legalidad en Cataluña, defendido ayer al unísono por los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional. Fundamenta para la Historia una pormenorizada y clarividente explicación del mayúsculo engaño con el que se ha instrumentalizado la pasión nacionalista para mantenerse bien untados con los dineros de la pomada española.

Los hechos probados y las condenas agrandan la paradoja sobre el predicamento que Puigdemont tiene aún en algunos sectores del soberanismo. Engañó incluso a sus propios compañeros de gobierno en la Generalitat para que su plan de fuga estuviera resguardado por el comportamiento y las conversaciones de todos ellos camino de sus respectivos despachos. Su huida era la confesión implícita de que habían delinquido al atropellar las leyes y los derechos de la mayoría de los catalanes y españoles en el juego de la promesa de independencia, mientras por detrás había decidido pactar la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, como bien explicó ante el tribunal el lehendakari vasco Urkullu, cuyo testimonio fue clave porque era el mediador de aquella negociación. Llegará el día en el que Bélgica no le servirá de refugio y huirá a otro país aún más refractario a las extradiciones sustentadas por una sentencia que es reflejo de un juicio irreprochable en sus garantías procesales para los encausados.

Culpar de sedición y malversación no es cosa menor. Una pena de 13 años como la dictada contra Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana y ex vicepresidente de la Generalitat, ratifica que nadie está por encima de la ley aunque siempre ponga cara de no haber roto un plato mientras quiebra la igualdad entre todos los catalanes y condena al ostracismo a quien no piense como se dicta desde TV3. Lo que más va a frustrar el anhelo de justicia de millones de catalanes que sufren la superioridad moral y la impunidad autoconcedida por los 'indepes' no es que el fallo del Supremo haya desistido de esgrimir el delito de rebelión, sino los privilegios de los que van a gozar en el régimen penitenciario dentro y fuera de las prisiones. Cada vez que tengan un permiso para salir, se convertirá en una ocasión para exaltar que son la encarnación de los elegidos por la fe nacionalista. La bendecida por el abad de Montserrat, que tampoco tiene nunca tiempo de predicar que el autogobierno catalán tan devoto de sus misas se ha conformado desde la corrupción. Como bien saben en Andorra.

Los validos de Puigdemont y Junqueras que ahora llevan las riendas del ejecutivo y del legislativo catalanes llevan año y medio demostrando que su palabrería rupturista no se materializa en decisiones, porque ya saben las consecuencias punitivas que depara. En su sinrazón y en su irresponsabilidad como gobernantes, su mayor dificultad ahora es compaginar que se aliente a boicotear el normal funcionamiento de la sociedad catalana, y justificar ante sus incondicionales que son los jefes de la Policía autonómica que, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, reprende las algaradas, desbloquea las carreteras y las estaciones de tren.

En lo que van a centrar todos sus esfuerzos los profesionales del nacionalismo catalán es en fortalecer lo que han logrado con mayor éxito durante los últimos 40 años: imponerse socialmente sobre sus convecinos no nacionalistas. Invisibilizarlos, ningunearlos, marginarlos. Como era harto previsible, el día en que se anunciara la condena a los políticos que encabezaron en 2017 la subversión del orden constitucional, casi nadie en Cataluña iba a decir públicamente que han sido condenados no por sus ideas sino por sus delitos. Casi nadie iba a esgrimir argumentos tan obvios en una sociedad democrática como la separación de poderes, el cumplimiento de las leyes y el respeto a las decisiones de los tribunales, que pueden ser recurridas por vía judicial. Casi nadie iba a condenar que se impida la movilidad a decenas de miles de personas bloqueadas en andenes y carreteras.

En esa eficaz dinámica de exhortar continuamente al diálogo bilateral 'con Madrid' pero no dialogando con el pariente o con el vecino, es lamentable la complicidad de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, que emitió un comunicado en contra de la sentencia incluso antes que compareciera Torra. Tenían prisa en poner la imagen universal del club al servicio de una causa que no es compartida por muchos culés catalanes y por la inmensa mayoría de los barcelonistas de otras regiones de España, cuya identificación con el Barça se basa en cuestiones deportivas, en la admiración al juego de los equipos de Kubala, Luis Suárez, Cruyff o Messi. Mientras en la opinión pública catalana se perpetúe por miedo dar la callada por respuesta, y no salgan a la palestra personalidades de fama internacional que repliquen a los disparatados argumentarios de Guardiola y Xavi sobre la democracia española, la percepción dentro y fuera de Cataluña es que estos grandes futbolistas y pésimos valedores de la pluralidad social representan a la práctica totalidad de los catalanes.

Lo que no puede resolver el poder judicial, ni con una sentencia ni con cien más, es todo lo que no ha hecho la política española desde la Transición. Pues todos los pactos para la gobernanza nacional, incluida la moción de censura contra Rajoy, se han basado en buscar el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Mucho han tardado en articularse candidaturas electorales como la de Teruel Existe, porque es funesta esa tendencia que tanto ha contribuido a agudizar la desigualdad entre españoles. Es una involución ideológica que en un periodo histórico donde los países más desarrollados se basan en articularse como sociedades abiertas donde los derechos y libertades son de los individuos y no de los territorios, en España se continúe supeditando tanto el ideario liberal como el progresista al mantra de los sentimientos nacionalistas. Este debería ser el gran debate antes y después de las elecciones del 10 de noviembre. La gran decisión de los votantes. El gran pacto de sus representantes.