Los graduados sociales de Sevilla, hartos de la robotización

Casi 80 graduados sociales de Sevilla se han concentrado esta mañana en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la capital hispalense, para mostrar públicamente su malestar con el “maltrato” que, desde la pandemia, las administraciones públicas dispensan a los ciudadanos y a ellos mismos como profesionales, “como si aún estuviéramos con el Covid”. Después de casi tres años, sigue generalizada la cita previa y siguen sonando infructuosamente demasiados teléfonos. Y para los graduados sociales, todo son piedras en el camino, según han denunciado hoy en el comunicado que han leído los representantes de su colegio profesional, que se dirigen a Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Todas estas prácticas, que se han convertido en costumbre, no solo nos afectan en el normal ejercicio de nuestra actividad profesional, sino que nos imposibilitan cada vez más la conciliación de nuestra vida profesional con la personal y familiar”, han explicado a El Correo de Andalucía.

Los graduados sociales recuerdan que, durante la pandemia, fueron declarados como “actividad esencial”, lo que, en la práctica, significó un trabajo extra, pero que ni se facilitó entonces ni se reconoció más tarde, a pesar de haber sufrido una carga de estrés psicológico y físico y una adicional incertidumbre “las novedades legislativas casi diarias, con márgenes diversos de interpretación”. Sin embargo, al cabo de casi tres años, “en vez de valorar ese servicio y tener empatía con nosotros”, recuerdan en el comunicado, “empiezan a hacer minuciosas revisiones de aquellas actuaciones, con envío de comunicaciones escritas con párrafos amenazantes y sin ninguna consideración a la excepcionalidad del momento que se había pasado”. “Muchos profesionales que están trabajan con los ERTE, por ejemplo, no paran de recibir cartas apremiantes con los plazos y con que tengan cuidado con los errores”, explica uno de ellos.

Alergia a lo presencial

El colegio de graduados denuncia que no se haya normalizado aún el acceso a las dependencias de las oficinas de las entidades gestoras, “hasta el punto de que ni siquiera nos dejan asistir con nuestros clientes cuando los acompañamos a sus oficinas”. “Se nos deniega expresamente que podamos asistirles, al tiempo que se nos impide el ejercicio de las funciones profesionales para las que estamos específicamente habilitados de acuerdo con nuestros estatutos profesionales y nuestra condición de profesionales colegiados”. La atención profesional se ha sustituido por plataformas digitales o aplicaciones informáticas que son “un nido de problemas y un despropósito”, insisten. En este sentido, ejemplifican con el teléfono de información de la Tesorería General de la Seguridad Social: “la persona que atiende al teléfono no tiene los conocimientos que debiera para atender las consultas, no sabemos si porque se ha externalizado ese servicio a empresas ajenas que no son especialistas, con lo que se provoca es un mayor desconcierto y no resolver nada”. O con el teléfono del Instituto Nacional de la Seguridad Social, “que nunca responde, da igual el horario, y solo derivan a la sede electrónica, práctica habitual de las administraciones públicas con las que trabajamos”.

Por otro lado, el colegio de graduados se queja de que “nos obligan a facilitar datos de nuestros clientes que ya obran en su poder porque se presentaron anteriormente, olvidando que, por una parte, nos llenan de trabajo que ya hicimos cuando aportamos la documentación requerida, y, por otra parte, incumplen la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado al recabar datos que ya obran en su poder”. Para colmo, “el tsunami legislativo en materia laboral y de Seguridad Social que venimos sufriendo en los últimos años”, dicen, “no puede seguir viniendo acompañada de precipitación en la redacción de normas de tanto calado, con la habitual falta de concreción en las formas de proceder y cargando siempre las tareas de adecuación en las empresas y autónomos, porque realmente lo están haciendo sobre las espaldas de los profesionales que gestionan esas empresas que no tienen ya margen de repercutir el trabajo extraordinario en sus clientes”.

El colectivo ha anunciado hoy que no solo continuará con la denuncia pública, sino que no descarta la formalización de reclamaciones directas de carácter administrativo y/o judicial por los incumplimientos y perjuicios ocasionados. Y concluye: “Somos profesionales, no empleados de la Administración”.