Los colectivos de la memoria presionan al Gobierno para expropiar el cortijo de Queipo de Llano

Agustín Romero, 70 años, mira a la Plaza de España mientras sostiene una pancarta. De joven, durante la dictadura franquista, pasó seis meses y un día en la prisión de la Ranilla acusado de propaganda ilegal. "Lo del día era para que cumpliera la condena", explica. Años más tarde, ya en democracia, se implicó en la búsqueda del cadáver de Lorenzo Clavero, su abuelo, "un minero de El Cerro del Ándevalo al que mataron el 28 de agosto del 36". No lo ha encontrado aún, pero su compromiso con la memoria democrática sigue intacto. Por eso ha acudido este lunes a la Delegación del Gobierno junto a varios compañeros para reclamar, una vez más, que el cortijo de Gambogaz pase a manos del pueblo.

La finca, de unas 480 hectáreas y cercana a Camas, perteneció a Gonzalo Queipo de Llano, el general al mando de la sublevación y represión en Sevilla. Durante décadas, nadie puso en duda cómo la adquirió, hasta que algunos colectivos memorialistas pusieron el foco en ello. "Hace seis años empezamos a cuestionar ese relato que afirmaba que Queipo había recibido el cortijo porque era un regalo de la ciudad", declara Bonifacio Cañibano, investigador de la Plataforma Gambogaz.

"Ahora, gracias a nuestro trabajo y al de otros historiadores conocemos las mentiras, falsificación de documentos, impagos y demás irregularidades que cometió", dice Cañibano. "Esa herencia sanguinolienta a orillas del Guadalquivir, se hace mucho más incómoda que antes".

"Se quedó con Gambogaz por la cara"

"Queipo se queda con el cortijo a través de una operación fraudulenta que cuenta con la connivencia y la complicidad de un notario, de varias entidades bancarias y de la Administración franquista de la época", detalla Nacho Molina, miembro de esta plataforma. "La familia propietaria, bajo amenaza, se vio obligada a tener que cederle la propiedad", añade este exdiputado de Adelante Andalucía.

La familia propietaria, bajo amenaza, se vio obligada a tener que cederle la propiedad del cortijo a Queipo de Llano

Nacho Molina

— Plataforma Gambogaz

Este militar golpista, según Molina, "justifica la compra con un crédito del que no hay rastro documental en el Banco de España". En resumen, "no pagó esa operación y se apropió del cortijo por la cara, como decimos aquí".

Este lunes la Plataforma Gambogaz ha registrado en la Delegación del Gobierno una petición para reunirse con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. "Queremos plantearle la formación de una comisión técnica formada por juristas e historiadores con capacidad de hacer un informe para ver las posibilidades que hay de revertir Gambogaz al patrimonio público", apunta Cañibano.

De momento, la finca pertenece a los herederos de Queipo, que obtienen beneficio de la explotación de las tierras, según esta organización memorialista. "Está situada en la vega del Guadalquivir, en las zonas más fértiles de Andalucía, así que dan un rendimiento máximo", comenta Nacho Molina. "De ahí salen camiones año tras año de cosecha de todo tipo de verduras y hortalizas. Evidentemente, están ganando mucho dinero con el cortijo".

Las deudas de la memoria

"Fuimos como la gota malaya: nos concentramos una y otra vez delante de la puerta de la basílica de la Macarena pidiendo que saliera su despreciable tumba de allí hasta que una noche salió", cuenta Bonifacio Cañibano. Aquella noche a la que se refiere es la del 3 de noviembre de 2022, cuando se exhumaron los restos del militar después de mucho tiempo de protestas y tras la exigencia del secretario de Estado de entonces por que se cumpliera la ley en vigor.

Pero la lucha por la memoria democrática no acabó ahí. "Sevilla tiene pendiente recuperar los cuerpos de miles de asesinados y represaliados por el franquismo que permanecen todavía en las fosas. La única que hemos abierto es Pico Reja, pero queremos que la fosa del Monumento sea la siguiente", señala Nacho Molina. "Tenemos 90 vestigios fascistas en nuestra ciudad, desde nomenclatura de calle hasta simbología colocada en edificios públicos", apunta Ismael Sánchez, concejal del grupo Con Andalucía en el pleno municipal de Sevilla.

Tenemos 90 vestigios fascistas en nuestra ciudad, desde nomenclatura de calle hasta simbología en edificios públicos

Ismael Sánchez

— concejal del grupo Con Andalucía en el Ayuntamiento de Sevilla

"A nivel autonómico, lo principal es la falta de financiación para poner la Ley en marcha, en cada presupuestos hay recortes en memoria. El de 2024 es menor que el de los anteriores años", critican desde el grupo Adelante Andalucía, con presencia en el Parlamento andaluz. "La falta de financiación y de interés se traduce en la paralización de los expedientes de exhumaciones. Y en la misma línea ocurre también con el callejero", añaden.

Todo ello, en un contexto de polémica por las políticas de memoria de algunas comunidades autónomas. Hace solo unos días, tres relatores de la ONU pusieron en entredicho "las leyes de la concordia" que han impulsado los gobiernos de Castilla y León, Aragón y Valencia. Estas leyes, según el informe que remitieron, podrían afectar a la obligación del Estado Español "de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos".

Casi nueve décadas después del asesinato, Agustín Romero sigue sin encontrar a su abuelo. Se manifestó contra la dictadura franquista, pasó por la cárcel y protestó para que sacaran los restos de Queipo de la Macarena. "Gambogaz para el pueblo", reza la pancarta que sujeta este lunes en la Plaza de España. Su lucha por la memoria, como la de tantos otros compañeros, aún no ha acabado.