Las cinco razones jurídicas por las que el Ayuntamiento rechaza aplicar una moratoria a los pisos turísticos

No habrá moratoria para las licencias de viviendas de uso turístico en Sevilla. Es algo que siempre ha tenido claro el Ayuntamiento frente a la insistencia de los grupos de la oposición y de las asociaciones vecinales. Pero este lunes no solo lo ha manifestado de palabra: ha entregado un informe jurídico que, según defiende, "avala la inviabilidad de una moratoria". PSOE, Podemos - IU y Vox solicitaban que se pusiera un freno inmediato a las licencias mientras se endurecía y actualizaba la ordenanza presentada por el PP, y por ello tumbaron este documento en el pleno del 20 de junio. Entonces este lunes, para la segunda reunión sobre la cuestión, exigieron un escrito que jurídicamente explicara ese rechazo, y han obtenido respuesta.

Este documento, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, firmado por Áurea del Noval Onraita, de la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo, es el que utiliza el consistorio para defender su postura de que no se puede implantar una moratoria a los pisos turísticos, algo que otras ciudades como Granada sí están explorando aplicando el mismo decreto de la Junta. ¿Por qué Granada sí y Sevilla no?, se cuestionan las voces discrepantes con la explicación del PP.

En concreto, el informe concluye que el Ayuntamiento de Sevilla "no tiene la potestad para establecer moratoria o prohibición alguna, al efecto de las inscripciones de viviendas de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA)". Y se basa en cinco argumentos jurídicos.

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Competencia de la Junta

En primer lugar, el informe jurídico apunta que "el Registro de las viviendas de uso turístico es competencia de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte". Se regula en el Texto consolidado del Decreto 143/2014, de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Por consiguiente, explica que "los municipios no tienen potestad alguna de intervención en el mismo, es decir, no pueden ejercer ninguna función tramitadora en él". 

Dos decretos autonómicos

En cuanto a normativa autonómica que haga referencia a las VUT, el informe habla que la no moratoria está amparada por el Decreto 28/2016 de 2 de febrero, de viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, y el Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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En concreto, el artículo 2.2 segundo párrafo del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, es el que sostiene que "en particular, los Ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, áreas o zona".

"Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su publicación”, añade. Este es el artículo que ha utilizado el Ayuntamiento de Sevilla para su propuesta de ordenanza.

Una habilitación municipal

Afirma la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo que el artículo anterior es "la única habilitación municipal en cuanto a las VUT y en base a ella, fue elaborado el correspondiente documento técnico 'Informe Impacto Vivienda Turística' de fecha 6 de marzo de 2024, al efecto de establecer la limitación de un número máximo de VUT por barrio".

En base a ese documento, la ordenanza propuesta por el PP fue aprobada de manera inicial en el pleno del 21 de marzo de 2024, pero en el más reciente, el del 20 de junio, finalmente fue rechazada por los grupos de la oposición. "Dicho esto, es palmario que, en base a esta habilitación –artículo 2.2 Decreto 31/2024- el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, tampoco puede establecer moratoria alguna".

Viviendas de uso terciario

En materia urbanística, continúa el informe, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó definitivamente el 28 de abril de 2022, "con la finalidad de limitar la proliferación de alojamientos de usos turísticos en inmuebles residenciales, la Modificación Puntual 44 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de 2006 de Sevilla para su adecuación a la normativa en materia de turismo. Entrando en vigor en fecha 7 de junio de 2022".

Por tanto, estas viviendas "deben considerarse de uso terciario y como tales estarán sometidas a las condiciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de las normas urbanísticas del Plan General". En conclusión, "solo podrán estar ubicadas en la planta baja y primera".

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Reconocimiento de un derecho

Y como quinto punto, como siempre ha defendido el Ayuntamiento y el informe técnico precisa en su inicio, el registro es competencia de la Junta. Por tanto, el consistorio, a través del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística, tramita "las correspondientes Licencias y Declaraciones Responsables", que funcionan como títulos habilitantes.

Concluye Áurea del Noval Onraita que estas licencias "tampoco pueden suspenderse, ya que las mismas son el reconocimiento de un derecho de carácter urbanístico".

La reacción del PSOE y Podemos

En una nota, el PSOE ha lamentado la insistencia del Gobierno municipal, "a pesar de que otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo". Y asegura este grupo que ha "planteado una alternativa que implica, de facto, los mismos efectos que una suspensión total".

Solicita reducir del 10 al 2,5% el porcentaje de viviendas turísticas sobre el volumen total de las residenciales: "Es una cuestión de voluntad política. Si quiere Sanz se hace y si no, Sevilla será campo abonado para otros 23.305 pisos turísticos más".

Por último, Susana Hornillo, portavoz de Podemos, ha asegurado también que esa moratoria "puede obtenerse de facto", en su caso estableciendo un límite máximo inferior al 1% para todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos.