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Manuel Chaves José Antonio Griñán, este lunes en el juicio por el caso ERE. / José Manuel Vidal (Efe)
La Fiscalía Anticorrupción no comparte a petición realizada por el PP, que ejerce la acusación popular, para que la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sea llamada como testigo a declarar en el juicio de los ERE. La Fiscalía, en cambio, si apoya que se cite como testigo tanto a la exconsejera Mar Moreno como al actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, este último por una ayuda concedida al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) durante su mandato. Las defensas se han opuesto a estas testificales por considerarlas “extemporáneas”.
Tras un receso, la sexta jornada del juicio por el procedimiento específico de los ERE se ha retomado con las réplicas a las cuestiones previas presentadas por el PP, quien reclamó que Díaz fuera citada como testigo por su “conocimiento de los hechos” y porque como consejera de Presidencia era la máxima responsable del Gabinete Jurídico de la Junta. Sin embargo, los fiscales del caso se han opuesto a esta petición, entre otros motivos porque “es nombrada consejera de Igualdad en 2012”. No obstante, sí le han dado su respaldo a que sean llamados como testigos tanto la exconsejera Mar Moreno, cuya imputación fue archivada por el Tribunal Supremo. Igualmente, también han apoyado la declaración de Jiménez Barrios por “su conocimiento general de las ayudas”.
Por su parte, Manos Limpias, que ejerce también la acusación popular, ha dejado en manos del tribunal la decisión, pero sí les ha pedido a los magistrados que “valore la afectación a la vida personal y social de estas personas”. El letrado Rafael Prieto ha explicado que “el ciudadano por el mero hecho de ver aquí a una persona sentada puede hacer una relación con los acusados”, por lo que ha solicitado que valore “el daño que puede causar a la imagen política de estas personas”.
Las defensas por su parte se han opuesto por ser una petición “extemporánea” y que de ser aceptada “vulneraría el derecho a la defensa”. Igualmente, han coincidido en criticar “la politización del juicio”. En este sentido, el abogado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, ha calificado de “contaminación política” el que se cite a altos cargos en activo de la Junta de Andalucía. Y ha incidido en el hecho de que ellos no han solicitado la declaración de Javier Arenas y Eduardo Zaplana, en su condición de exministros de Trabajo; ni la de Juan Ignacio Zoido y Antonio Sanz, como delegados del Gobierno en Andalucía por su participación en la concesión de ayudas de la Faja Pirítica.