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Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una imagen de archivo. / Efe
La cúpula de la Junta de Andalucía de las últimas tres décadas se sentará este martes y este miércoles ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación para explicar cómo se gestionaron entre los años 2002 y 2012. Hoy será el turno de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mañana será el turno de la presidenta Susana Díaz, que cerrará el primer turno de declaraciones ante el ente fiscalizador.
También tendrán que comparecer la exconsejera de Educación, Mar Moreno (hoy a las nueve de la mañana) y el actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado (mañana a la diez de la mañana). Otro exconsejero de Educación, Luciano Alonso, retrasa su comparecencia también a mañana al tener que declarar hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento del exdirector del Centro Andaluz de Flamenco.
La Comisión de Control de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiares debatirá mañana mismo una proposición no de ley del PP-A para la retransmisión en Canal Sur Televisión de la declaración de la presidenta de la Junta.
La incomparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, apoyada en un informe del Consejo de Estado, ha supuesto uno de los principales sobresaltos de la comisión y el principal motivo de crítica de todos los grupos –salvo el PP– en las últimas semanas.
La comisión encargó un informe a los servicios jurídicos del Parlamento, cuyas conclusiones, conocidas esta semana, sostienen que no existe base para entender que esa incomparecencia pudiera constituir un delito y por tanto no procede instar a la intervención de la Fiscalía, como así se había barajado.
Con habituales broncas en la comisión, principalmente entre PP, PSOE y el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s), por el uso de los tiempos o por las «alusiones» de unos y otros, la comisión ha sustanciado casi setenta comparecencias con llamativos titulares.
Entre ellos, afirmaciones tan contrapuestas como las del funcionario Teodoro Montes, testigo protegido de la jueza Alaya, quien denunció que los cursos de formación han sido «el negocio del siglo» para la Junta; y las del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien sostuvo que el presunto fraude es un «bluf» generado por la «catarsis y nerviosismo» que se produjo en Andalucía y que afectó a los interventores a raíz del caso de los ERE.
El empresario y exconsejero socialista Ángel Ojeda, principal implicado en el presunto fraude, redujo todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta a «irregularidades administrativas, ni siquiera contables»; y su cuñada, Teresa Florido, que fue directora de Formación Profesional, dijo que no sabía que él se dedicaba a esas actividades hasta que llegó al cargo.
Una de las revelaciones más llamativas, sobre la que los grupos han basado después muchas de sus preguntas, fue la del presidente de la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza (Affoaan), José María Pérez González, quien dijo que obtenía alrededor de un 20 por ciento de beneficio con los cursos.
Javier Martín, alumno de un curso de elaborador de productos cárnicos, fue muy gráfico al denunciar irregularidades en los cursos: «Tengo un título dado por la Junta pero yo no soy capaz de elaborar un chorizo».
Los interventores provinciales de la Junta en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén coincidieron en el cúmulo de irregularidades que se daba en los expedientes de las subvenciones, que en algunos casos alcanzaba al «cien por cien» de las ayudas.
Sin embargo, todos los altos cargos que han pasado por la comisión han defendido la legalidad del procedimiento, el control al que se sometían las ayudas y sus beneficiarios, y han negado en cualquier caso trato de favor a determinados empresarios.