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Los expresidentes Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán, conversan tras un receso en la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas.EFE/Julio Muñoz
El juicio de los ERE no acaba de arrancar. Si la primera jornada del juicio por el procedimiento específico de los ERE fue larga, aburrida y sin ningún tipo de avance, la de hoy la ha superado. El día arrancaba sobre las 10.20 horas, con algo de retraso pero como se esperaba, con la lectura parcial de los escritos de los abogados defensores de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía encausados, después de que en el primer día se hiciera con los respectivos de la Fiscalía Anticorrupción y del PP, que ejerce la acusación popular. La sesión se consumió íntegra en este trámite, para el que también será necesario emplear la jornada de mañana, que los abogados defensores han sabido utilizar en su favor, optando por leerlos ellos mismo, con lo que han convertido este mero formalismo en auténticos alegatos.
La primera estrategia defensiva que hemos visto esta mañana ha sido el astuto intento de la letrada del exconsejero de Innovación Francisco Valllejo, Encarnación Molino, solicitando al tribunal que se leyera también el escrito de la Junta Andalucía que durante la instrucción del caso ejerció la acusación particular y que en cambio no solicitó la condena de ninguno de los encausados al considerar que no existe “ninguna trama criminal”. Sin embargo, el tribunal ha considerado que no es oportuno porque la Junta se retiró como acusación en el procedimiento. La abogada ha hecho constar su protesta, a la que se ha unido su compañero José Manuel García-Quilez, que representa al exviceconsejero de Economía José Salgueiro.
El secretario de la Sección Primera, Rafael Castro, ha comenzado entonces con la lectura parcial de los escritos de diferentes defensas, hasta que el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al exconsejero de Empleo Antonio Ferández, ha pedido leer él mismo el escrito para así aliviar al secretario, lo que le ha permitido ganar en entonación y hacer un relato mucho más atractivo.
Antes de esto, el secretario leía el escrito del abogado del expresidente, Pablo Jiménez de Panga, que recalca que “ni conocía ni pudo conocer” el fraude, ya que la Intervención no le alertó de las presuntas irregularidades que ahora se juzgan. “Nadie le advirtió de ello”, sostiene.
En este sentido, en su escrito destaca que la Intervención “no utilizó los cauces legales” para trasladarle las irregularidades y el fraude que se estaba cometiendo. Una idea que también recoge el escrito de defensa de José Antonio Griñán, elaborado por el abogado José María Mohedano, quien incluso recoge la declaración del exinterventor Manuel Gómez, también acusado en la causa, ante la jueza Mercedes Alaya. “Era un instrumento legal”, señala sobre las transferencias de financiación –el sistema que permitió trasladar fondos de Empleo al IFA y Agencia IDEA para hacer frente al pago de las ayudas sociolaborales-, recordando que Gómez le dijo a la instructora que “su empleo era inadecuado, pero no ilegal”.
El letrado destaca en su informe especialmente los “errores garrafales” que comete Anticorrupción en su acusación, uno de ellos en el cálculo del fraude y que los fiscales fijan en 741 millones de euros, ya que asegura que se debe tomar la cuantía que realmente se abonó, lo que supondría unos 26 millones de euros menos. De todos modos, el expresidente cree que al “no existir responsabilidad penal no se puede reclamar responsabilidad patrimonial”. Además, recuerda que el caso se dividió en piezas por cada una de las ayudas que aún no han sido juzgadas y que, por tanto, aún se desconoce “si uno o no fraude y el coste del mismo”.
Por su parte, el abogado de Fernández reprocha en su escrito el uso del término “fondo de reptiles”, que fue la expresión que utilizó el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y que “sigue siendo usada por una de las acusaciones”. El letrado ha destacado que no se trata de “fondos opacos”, sino que el sistema de ayudas sociolaborales de la Junta era conocido “por múltiples servidores públicos a lo largo de una década y sin que mediara tacha alguna de ilegalidad”. Del Hoyo también ha destacado que “no hubo reparo ni de la Intervención ni de IFA ni la Agencia IDEA”.
En este sentido, también ha atacado a la Intervención al asegurar que “podría haber parado los pagos”, pero no lo hizo porque “no hubo informe de actuación”. “Jamás apreció ni causa de ilegalidad en el procedimiento ni riesgo e menoscabo en el presupuesto”, ha añadido.
Una de los argumentos más repetidos a lo largo de esta jornada es que “las transferencias de financiación fueron aprobadas por el Parlamento”, como ha señalado el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez. “Las transferencias de financiación pueden considerarse técnicamente inapropiado o incluso “discutible”, a lo que ha añadido que “es evidente que estamos ante una ley que dice lo que dice, que las transferencias de financiación se utilizarán para eso”.
Una idea que ha repetido el abogado de la exconsejera Magdalena Álvarez, Rafael Alcázar, que ha incidido en que este sistema de pago de las ayudas sociolaborales “las decide el Parlamento, no la decide ni ella ni su consejería”. Asimismo, también ha indicado que “las modificaciones presupueestarias fueron aprobadas por el Parlamento”.
Además de estos abogados han intervenido el letrado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, la abogada del exconsejero Francisco Vallejo. El único que por ahora ha rechazado proceder a la lectura ha sido el representante del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.