1.200 millones menos para gestionar sanidad y educación

La consejera Montero dice que el recorte del 13,6% en las transferencias asfixiará el gasto. Crespo replica que la región es la más beneficiada en gasto social e infraestructura

el 30 sep 2013 / 22:20 h.

maria-jesus-monteroLas transferencias del Estado a las comunidades, es decir, el dinero que el Gobierno les envía para que éstas gestionen la sanidad, la educación y las políticas sociales, se reducirán un 13,6% respecto al presente ejercicio. Esta caída en los ingresos de las comunidades es una réplica de la que ya sufrieron el año pasado, cuando se aplicó un recorte del 12%. Para Andalucía, este ajuste, sumado al límite del déficit del 1% del PIB que el Gobierno y la Comisión Europea imponen a las regiones, se traduce en 1.200 millones menos con los que  costear las políticas que dan forma al Estado de Bienestar. El cálculo lo hizo ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que calificó la noticia de “escalofriante”. La transferencia de financiación del Estado a las comunidades es un sumatorio de distintos conceptos, que incluye una partida por los servicios traspasados a través de los tributos cedidos; el fondo de garantía, el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensación Interterritorial. Andalucía, anunció Montero, recibirá 350 millones menos en concepto de anticipos a cuenta (por ingresos previstos de los impuestos que se pagan en la región). El Fondo de Compensación Interterritorial trata de corregir los desequilibrios económicos entre comunidades, así que inyecta más dinero a las que se quedan descolgadas. Para el año que viene recibirán de esta partida las mismas regiones que en el ejercicio anterior. Andalucía volverá a ser la que más ingrese en 2014 (159,39 millones), pero con un 22% menos que en 2013 (50 millones menos). El Fondo de Garantía busca asegurar que cada región reciba los mismos recursos por habitante para financiar los mismos servicios públicos. El total de esta partida se reducirá un 3,5% en 2014. El Fondo de Suficiencia está para cubrir la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que éstas reciben por los tributos cedidos (más el fondo de garantía). El año que viene menguará un 15,8%, y Andalucía ingresará un 25,4% menos que el año anterior (497,8 millones). La Junta revisará hoy las transferencias finalistas que cada ministerio dedica a las políticas sectoriales en la comunidad. Por su parte la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, defendió los Presupuestos de 2014 como los de la “recuperación” y pidió a la presidenta Susana Díaz que asuma los compromisos de déficit y que “acabe con la Administración paralela, que representa el gasto sobredimensionado de las cuentas autonómicas”. Crespo subrayó que Andalucía ha sido la más beneficiada tanto en gasto social como en infraestructuras, destacando las grandes inversiones en ferrocarriles y carreteras. Valderas pide acudir al juez y el PP tilda el conflicto de “artificial” El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, anunció ayer que su partido “intentará que a través de las enmiendas” que presente al proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2014 la inversión en Andalucía “llegue al 17,8%” del total regionalizable, como establece el Estatuto, pero Sanz enseguida calificó el debate sobre el cumplimiento de la norma autonómica de “artificial” en tanto en cuanto el anterior presidente del Gobierno [Zapatero], “nunca cumplió con ella” y “nadie se lo exigió”. El PSOE-A, por su parte, advirtió de que las cuentas del Estado hacen “muy cuesta arriba” la elaboración de los presupuestos andaluces del próximo ejercicio y acusó a Rajoy de haber contraído una “nueva deuda histórica” con Andalucía, informa Europa Press. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, calificó de “desprecio” “actitud de agresión continua y de discriminación” del Gobierno hacia la región. Antes de conocer los datos, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ya advirtió de que si los Presupuestos incumplían el Estatuto, la Junta tendría “la obligación” de acudir a los tribunales. El líder de IU, Antonio Maíllo, refrendó más tarde esta tesis, alegando el “incumplimiento sistemático” de la norma autonómica.

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