Tres meses han transcurrido no en vano para miles de jóvenes que decidieron un buen día dejar de soñar. Exigen democracia real ya, pero como crisol de reivindicaciones sociales, económicas, políticas, medioambientales... El movimiento que nació el 15 de mayo de 2011 -y que despertó la sed de justicia de toda España- se ha abierto paso con fuerza en el debate social y la agenda política. Con un programa alternativo aún hoy por diseñar, los indignados han conseguido paralizar en Andalucía tres desahucios por las duras quiebras de las familias, han logrado detener la deportación de un inmigrante perseguido en su país de origen por no querer ser espía y han obtenido algunos guiños políticos que demuestran que a muy pocos han dejado indiferente sus peticiones.
La historia de Sid Hamed Bouziane es la de muchos inmigrantes que huyen de sus países de origen por represión. Las presiones de las autoridades argelinas, de donde proviene, para que se infiltrara, según él, como espía en el terrorismo islamista le obligaron a cruzar el Estrecho en patera. Bouziane pidió asilo político en España, lo que le negaron, y su estancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga era la antesala de su inminente deportación. Su pareja, española, decidió pedir el apoyo de los indignados, que consiguieron evitar su expulsión. Ello costó sudor y lágrimas a las decenas de jóvenes que pernoctaron durante once días a las puertas del CIE y que fueron desalojados por la fuerza por la Policía, e incluso hubo denuncias por las agresiones policiales. Si bien es cierto que el indulto a Bouziane se consiguió también gracias a que regularizó su situación tras contraer matrimonio con su chica española, la presión del 15-M, que hizo suya la lucha por la libertad del argelino, representó un triunfo para sus reivindicaciones sociales.
El derecho a la vivienda digna es otro reclamo de este fenómeno social, de ahí que hayan estado detrás de la paralización de algunos desahucios por todo el territorio nacional. En Andalucía, se han evitado tres del centenar de embargos que asolan a numerosas familias. El más sonado es el de Josefa Doblado, una sevillana abocada a abandonar su casa tras servirle de aval a la furgoneta de su sobrino, quien se quedó sin trabajo y no pudo hacer frente a la deuda. La plataforma 15-M de los barrios de Sevilla Este y de la Macarena hicieron días antes de la fecha prevista para el embargo -19 de julio- un llamamiento para concentrarse a las puertas de la vivienda de esta anciana, que vio al menos aplazado su desahucio hasta septiembre, gracias por otra parte a la intermediación del Defensor del Pueblo Andaluz.
También con moratoria, grupos de indignados y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca , con quienes han hecho piña, consiguieron abortar a mediados de junio sendos desalojos de una vivienda en el Rincón de la Victoria (Málaga) y otra en el barrio granadino del Albaicín. Esta última retrata la historia de una de las últimas inquilinas de la Casa del Aire, zona protegida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La dación en pago de las viviedas para hacer frente a las hipotecas es una propuesta expresa del 15-M, y que se quedó en agua de borajas en el Congreso cuando los partidos de izquierda (ERC, IU-ICV y BNG) lo solicitaron. El Parlamento andaluz, sin embargo, a propuesta del PSOE, llevó una resolución al Ejecutivo apoyando la dación.
Asimismo, continúan en la quimera de estos jóvenes otras peticiones para la transformación del sistema que por ahora siguen en el aire. La expropiación por parte del Estado de las viviendas en stock, la abolición de la Ley Sinde o la modificación de la ley electoral se mantienen de momento marcadas en rojo en la agenda de los políticos.
Guiños políticos que dan fe del eco del movimiento
De la apuesta de la spanish revolution -como es conocida fuera de nuestras fronteras- por cambiar la ley electoral sí nació del Parlamento andaluz una medida innovadora: el escaño 110 (propuesta que también lleva Rubalcaba en su programa). Se trata de un guiño político al movimiento que supone habilitar un escaño más para que la ciudadanía presente sus iniciativas en el Pleno. También se aprobó en el último debate autonómico reducir a 41.000 las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular. Ello y las medidas de regeneración democrática (como la supresión de pagas extra a los altos cargos y la publicación de las rentas de los diputados) dan muestra del eco social de los indignados por la participación en política.
El mensaje parece haber calado en el discurso político y aunque a las puertas de la precampaña electoral todos quieran agenciarse medidas populares, lo cierto es que el 15-M se hace oír y no se contenta con despotismos.
