La legislatura que empezó en 2006 en Cataluña con bonanza económica y un acelerado crecimiento de la inmigración ha acabado con un frenazo en la entrada de extranjeros y una crisis económica que amenaza con dificultar la integración y favorecer los discursos xenófobos.
Después de una década de creciente flujo migratorio, Cataluña ha entrado en una fase de estancamiento, que se prolongará durante los próximos años, según el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, este estancamiento no significa que la inmigración vaya a perder protagonismo en la agenda política, ya que Cataluña iniciará a partir de las elecciones del 28 una nueva etapa con un alto porcentaje de población extranjera (16,6%).
Cataluña ha pasado en sólo 15 años de seis a siete millones y medio de ciudadanos empadronados debido en un 84% a la llegada de población extranjera. Este proceso, con pocos precedentes en países de nuestro entorno, ha generado ya los primeros problemas de convivencia, por lo que el Gobierno que salga de las urnas deberá centrar sus esfuerzos en la integración y la lucha contra la xenofobia, según los expertos consultados por Efe.
Durante la legislatura que ahora acaba se han producido los primeros estallidos de violencia, como el ocurrido en Salt (Girona) el pasado mes de marzo, cuando un grupo de vecinos irrumpieron en el pleno del ayuntamiento para denunciar el incremento de la inseguridad y culparon a los inmigrantes. Salt tiene un alto porcentaje de inmigrantes, una circunstancia que comparte con otros puntos de Cataluña como el barrio del Raval de Barcelona o el municipio de Vic (Barcelona).
Precisamente esta última localidad protagonizó una agria polémica cuando el consistorio (gobernado en colación por CiU, PSC y ERC) propuso prohibir el empadronamiento de los sin papeles y delatarlos a la Policía. Esta iniciativa fue muy criticada por las asociaciones de defensa de los inmigrantes que recordaron que PSC, CiU y ERC habían firmado el Pacto Nacional por la Inmigración en 2008, en el que se comprometían a no utilizar el fenómeno de la inmigración con fines electorales.
El PPC no firmó este pacto y la candidata de este partido, Alicia Sánchez-Camacho, ha repetido hasta la saciedad que no renunciará a hablar sobre inmigración durante la campaña. De hecho, la dirigente popular ha hecho de la inmigración un tema central de su discurso y se prodiga en las zonas con altas tasas de inmigración, como los barrios del Fondo de Santa Coloma (Barcelona) o la Salut y San Roque, de Badalona (Barcelona). Precisamente, el concejal popular de esta última localidad, Xavier García Albiol, está imputado por un delito de incitación al odio y la discriminación por el reparto de unos folletos que vinculaban algunos colectivos de inmigrantes con la delincuencia.
También el PP y la inmigración protagonizan la última polémica de la campaña electoral en Cataluña. El PP presentó el martes un videojuego que transforma a su candidata en Alicia Croft, una heroína que lucha contra los inmigrantes ilegales y la independencia. Tras la censura unánime del resto de partidos políticas y las acusaciones de llevar a cabo una política xenófoba, Sánchez-Camacho consideró un "error" el videojuego. La aspirante popular aseguró que la idea era que la heroína se enfrentase a los problemas reales de Cataluña, pero al final "la realización no fue tan buena como la idea inicial".
Por ello nueve entidades sociales y tres sindicatos han pedido al Parlamento catalán que evite el uso electoralista de la inmigración porque "en época de crisis es fácil culpar a la inmigración para conseguir votos, pero esta estrategia acaba por menoscabar la convivencia", según la portavoz de SOS Racismo, Alba Cuevas. Estas entidades aclaran que "no sólo el PPC está haciendo un uso electoralista de la inmigración" y han añadido que "todos los partidos son culpables de no haber parado los pies a tiempo a partidos como Plataforma per Catalunya -un partido con un discurso racista-".
