La Policía Nacional ha detenido a 77 personas como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de Empleo. Están implicadas en el supuesto fraude a la Seguridad Social en Granada, por lo que son ya 179 los arrestados, sumados los 102 del pasado mes de diciembre.
Los reseñados, que figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral, han estafado posiblemente más de 365.000 euros al obtener prestaciones o subsidios de desempleo de forma irregular, por lo que la cantidad total del supuesto fraude asciende a más 4,5 millones de euros.
Los arrestos se enmarcan en la denominada Operación Genil, desarrollada en Granada, que detectó la existencia de un entramado de empresas dedicadas supuestamente a la construcción, pero que tenían escasa o nula actividad laboral. A pesar de esto, habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores.
Tras comprobar los expedientes de desempleo de los trabajadores de las empresas investigadas se pudieron apreciar diversas circunstancias irregulares en cuanto a las solicitudes. En algunos casos eran dados de alta durante breves espacios de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras ocasiones lo hacían por el tiempo que les faltaba para devengar el periodo de carencia sin el que no se habría generado el derecho al cobro. También había trabajadores de los que se deducía que su actividad laboral estaba vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.
Los solicitantes de dichos expedientes manifestaron además desconocer de quién recibían instrucciones en su actividad laboral y no identificaron los lugares donde desempeñaban su trabajo. Tras ser dados de alta en alguna de las empresas del grupo, los 77 supuestos trabajadores -ahora detenidos- solicitaron al INEM las prestaciones de desempleo, amparados en las actividades laborales realizadas.
La Operación Genil se divide en tres ejes. Por un lado, se investiga la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro, se analizan las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, la utilización de las filiaciones tanto a la Seguridad Social como al INEM para conseguir permisos de residencia por un número de extranjeros que aún no se ha conseguido concretar. Además, la Inspección de Trabajo ha detectado la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta.
Entre los imputados se encuentran al menos cuatro empresarios ficticios, a los que se les atribuye un supuesto delito de insolvencia punible contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa.
