Gobierno y Junta se reunirán hoy en Madrid para cuantificar la deuda histórica prevista en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto. El acuerdo sobre la cifra -que, según el Ejecutivo andaluz, rondará los 1.200 millones- ha resucitado las reivindicaciones de al menos seis comunidades por otras deudas.
La deuda que el Estado arrastra con Andalucía desde la entrada en vigor de su primer Estatuto en 1982 y que fue revisada en el nuevo tiene que ver con la insuficiencia de recursos con la que fueron dotadas las competencias que se transfirieron a la comunidad.
Está prevista en una disposición del Estatuto, una norma con rango de ley orgánica que establece plazos y garantías de cobro. Todas estas circunstancias específicas son las que se pusieron en la mesa en su día para lograr que el Gobierno central la reconociese y mitigar su temor a que la consideración de esta deuda despertase sentimientos de agravio en otros territorios.
Prácticamente todas las comunidades que han reformado recientemente los estatutos incluyen algún tipo de cláusula, que según diferentes interpretaciones, podría dar pie a un pago. Los gobiernos autonómicos de Aragón, Baleares, Galicia, Murcia, La Rioja y Extremadura se suben al carro de las reivindicaciones al vicepresidente económico, Pedro Solbes, en plena crisis económica.
Cada uno de ellos maneja cifras de distinta procedencia. Según informa Efe, en Aragón, el Gobierno situó su deuda en 600 millones y en 2008 el Pleno de las Cortes aprobó por unanimidad, a iniciativa del PAR, que el pago se negociase en una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, prevista en el Estatuto de esa comunidad.
En Galicia, el BNG reclamó la deuda histórica de esta comunidad, si bien la cuantía osciló desde los 600 millones reclamados en el 2003 a los 1.600 demandados un año más tarde. También este partido nacionalista, en 2007, y cuando el BNG estaba en la Xunta, estimaba en 51 millones la deuda "sólo en materia social".
Este mismo año, el Gobierno regional de Murcia amenazó con ir a los tribunales si el Ejecutivo central no pagaba la deuda, que cifró en 1.600 millones de euros.
La consejera de Economía de Murcia, Inmaculada García, explicó que saldar esta deuda con la región permitiría absorber casi la mitad del paro que hay en la comunidad.
En La Rioja, su presidente, Pedro Sanz, aseguró que no escatimará esfuerzos para exigir al Gobierno central lo que le corresponde a la región y que ha estimado en 537 millones de euros.
Quedan Baleares y Extremadura. En el primer caso, la deuda de 1.064 millones de euros de la que, según Efe, incluye en su último informe la Sindicatura de Cuentas tiene poco que ver con el concepto de deuda histórica andaluza. Distinto es el caso de Extremadura. Su Estatuto de Autonomía incluye una disposición similar a la andaluza aunque con matices distintos: remitía al artículo 15 de la Lofca, la ley de financiación autonómica, que ciñe los derechos extremeños a los servicios en educación y sanidad.
