La jueza Mercedes Alaya ha acordado abrir dos nuevas causas para investigar una serie de ayudas otorgadas por la Agencia IDEA (el antiguo IFA) y una ayuda entregada por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva. La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que las supuestas irregularidades detectadas (en principio) no guarda vinculación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En concreto, la nueva investigación sobre la Agencia IDEA se abre después de que Anticorrupción solicitase en un escrito fechado el 18 de noviembre que se investigaran una serie de irregularidades detectadas a raíz de diversa documentación entregada por la Guardia Civil. Así, explica que se han detectado casos de empresas, de las que están siendo indagadas en la causa de los ERE, que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector de IFA/IDEA del pago de ejecución de un aval de salvamento (
), se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de las mismas empresas, es decir, subvenciones a cargo de los ERE. Este hecho indiciariamente podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrios de concesión, destaca la magistrada.
A esto añade que, pese a que el Consejo Rector de IDEA sólo podía aprobar ayudas de más de 450.000 euros y de menos de 1.200.000 euros, pues si eran superiores debían ser ratificadas por el Consejo de Gobierno, se ratificaron avales masivamente sin pasar por el Consejo Rector bajo la repetida idea de agilidad, que llegaron a sumar 55.870.814 euros. Asimismo, la Intervención General detectó que en 2009 se superaba el límite de los avales a prestar por IDEA que, según la Ley de Presupuestos de dicho ejercicio, se fijaba en un máximo de 18 millones de euros, cuando el total de los avales formalizados durante todo el año 2009 ascendía a 71.284.198 euros. Lo que la Agencia IDEA alegó a dicho informe de la Intervención fue un acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2008 por el que autorizaba a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la ejecución de un programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales, que fue publicado en el BOJA de 17 de octubre, con una financiación de 87 millones de euros. En virtud de este acuerdo, Innovación delegó en IDEA la competencia para tramitar dichos expedientes. Una alegación que fue desestimada por la Intervención.
La jueza sospecha, además, que si estos avales no fueron ratificados ni por el Consejo Rector ni por el Consejo de Gobierno, es posible que su existencia tampoco fuera comunicada a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda. Igualmente, cree que podrían haberse incumplido los requisitos de publicidad.
Así, Alaya concluye que las irregularidades expuestas merecen, como señala el fiscal, un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelasen una actuación fraudulenta de IDEA en la concesión de tales ayudas.
ASTILLEROS DE HUELVA La otra investigación que va a iniciar la titular del Juzgado de Instrucción número 6 hace referencia a una subvención excepcional otorgada por la Consejería de Empleo para atender la solicitud formulada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva. La ayuda fue acordada por el Consejo de Gobierno el 15 de noviembre de 2011, con José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, y, aunque fue concedida con cargo a la partida presupuestaria 31L, no se otorgó en aplicación de la orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprobaban las ayudas sociolabores. En este caso se siguió un procedimiento distinto por la inexistencia de bases reguladoras, al tratarse de obligaciones sociolaborales de la empresa concursada.
Por ello, y siguiendo el criterio de Anticorrupción, la magistrada destaca que la procedencia de esta subvención, así como su excepcionalidad y el procedimiento seguido, merece un análisis pormenorizado y separado de la causa de los ERE, por si las mismas y la investigación que se inicie revelen una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo.
