La jueza Mercedes Alaya cree que la Junta obstruye la investigación del llamado caso ERE y, en un auto fechado el 7 de junio, ha pedido a la Policía Judicial que aclare si los expedientes del caso que le fueron enviados por la Consejería de Empleo -a petición suya- pudieron ser "reconstruidos de forma apresurada". Sólo así se explica la magistrada esa "suerte de batiburrillo de papeles inconexos" que le enviaron.
La jueza que investiga el supuesto fraude en los expedientes de regulación de empleo ya se quejó en un auto, hace dos semanas, de que la documentación remitida por Empleo era caótica. Se puso en contacto con la consejería para que, en un plazo de cinco días, le remitiera "copia compulsada de los expedientes auténticos, ordenados y tramitados", o bien una explicación plausible de tal desorden. La respuesta de la Junta fue que los expedientes enviados coincidían "literalmente" con los originales. Eran documentos con "notas manuscritas anónimas, hojas arrancadas de un bloc y garabatos en un post-it adhesivo". Empleo quiso enviarlos tal cual los encontró en los archivos de la Dirección General de Trabajo, para demostrar el caos que imperaba en dicho departamento y que explica, en parte, que éste sea el principal objeto de la investigación sobre los ERE fraudulentos. Pero Alaya no ha interpretado este gesto como una demostración de rigurosidad por parte de la Junta. Todo lo contrario. La jueza cree que el estado de los archivos, "diametralmente opuesto a lo que es en realidad un expediente administrativo", hace pensar "en una construcción o reconstrucción de los mismos".
La crisis que el Gobierno andaluz padece a consecuencia del caso ERE puede agravarse con el auto de Alaya. Desde que se destapó el asunto, el consejero de Empleo, Manuel Recio, se ve obligado a diario a dar explicaciones sobre el fraude en el procedimiento de pago de ayudas a empresas en crisis y la inclusión de falsos prejubilados (intrusos) en empresas donde nunca trabajaron. El clavo ardiendo de la Junta siempre ha sido la "colaboración absoluta con la justicia", pero Alaya parece dispuesta a desarmar políticamente al Gobierno andaluz. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, exigió ayer que no se cuestione la colaboración de la Junta.
En el último auto, la jueza vuelve a apuntar a la cúpula del Ejecutivo buscando responsables del fraude e insiste en pedir al interventor de cuentas de la Junta que un informe donde aclare "si las ayudas que pagaba Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de prejubilación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno". Alaya ya barajó esta hipótesis cuando pidió a la Junta todas las actas y deliberaciones del Consejo de Gobierno de los últimos diez años (permanecen precintadas en los juzgados a expensas de una resolución del Supremo para poder abrirlas).
El auto, de 36 páginas, ordena paralizar el análisis pericial de la documentación hasta que la Junta no remita "de forma ordenada" toda la documentación. También abre nuevas vías de investigación, por ejemplo, sobre la "filiación e intervención" del ahora diputado socialista, Ramón Díaz, en el ERE de Saldauto cuando era asesor del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (principal imputado en el caso). Además la jueza pide que se investigue el sueldo de Evaristo Babé, presidente del consejo regulador del Brandy de Jerez, y su relación personal con el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en el caso. Babé figura como beneficiario de una de las dos pólizas (2.000 euros al mes) cuando su informe de vida laboral lo tiene dado de alta en la Seguridad Social como presidente del Brandy de Jerez.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que su partido envió el viernes a la jueza un escrito pidiéndole que investigue las encomiendas de gestión realizadas por Empleo a la agencia IDEA desde 2008 porque "pueden ser ilegales". Según el PP, la fórmula de las encomiendas de gestión utilizada por la Junta desde 2008 para pagar ayudas de los ERE puede incumplir la ley de Administración Pública, que establece que "la encomienda de gestión a órganos pertenecientes o dependientes de diferentes consejerías o de distinta Administración Pública (a la de Empleo) será autorizada por el Consejo de Gobierno".
