La jueza que investiga un delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis ha decidido ampliar las indagaciones a las dos empresas instrumentales del acusado, Tegasa y Encadesa, y sus gastos imputables a la actividad deportiva.
La jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda pedir a los peritos que están analizando las cuentas del club que "especifiquen detalladamente los gastos que en cada ejercicio consideren imputables o necesarios para la actividad deportiva del Real Betis".
Tales datos han sido reseñados "de manera global" en la primera parte de su informe, referido a la gestión de Tegasa en el Betis hasta 1998, en la que los peritos han certificado un perjuicio de 12 millones de euros para el club deportivo.
El objeto de la ampliación es "llegar a conocer lo más exactamente posible la realidad de las relaciones entre el Betis, Tegasa y Encadesa, con las limitaciones propias de un procedimiento en el que la documentación que se maneja es la elaborada durante el mandato del señor Ruiz de Lopera", dice la jueza.
La magistrada accede así a una parte de la ampliación solicitada por la Fiscalía, pero rechaza otras como la de distinguir los ingresos de ambas sociedades procedentes de la actividad deportiva y los que no, dado que "es un hecho abiertamente reconocido por el señor Ruiz de Lopera, en su declaración judicial, que la única actividad que Tegasa ha tenido siempre ha sido la gestión de los recursos del Betis".
También rechaza la petición de la Fiscalía de que se determine el destino de los rendimientos obtenidos por Tegasa y Encedesa en cada ejercicio, pues la aplicación de esas cantidades no afectaría al delito que se investiga.
Para que exista dicho delito societario es "únicamente necesario que se haya producido un perjuicio patrimonial" al Betis, "y éste se puede producir tanto cuando haya enriquecimiento del sujeto activo, como cuando éste distraiga los bienes", señala el auto.
La jueza Alaya rechazó en enero pasado ampliar su investigación a la procedencia y destino de los fondos con los que la empresa Bitton Sport, propiedad de Luis Oliver, compró a Lopera por 16 millones de euros su paquete mayoritario de acciones, en julio de 2010. Dicha ampliación fue pedida por la defensa de Lopera, que pretendía que la Guardia Civil concretase su informe sobre la solvencia de Bitton Sport y determinase la procedencia y destino de los fondos entregados, tras la primera imputación de la jueza de que se trataba de una "venta simulada" pues Oliver podría ser un testaferro de Lopera.
Ahora, la Fiscalía de Sevilla (que denunció inicialmente a Lopera) ha apoyado esa decisión, que es "ajustada a Derecho" porque "el objeto de la presente causa no es la investigación de la entidad Bitton Sport", según un escrito notificado hoy a las partes.
