Más de un dirigente de IU describía hace meses, con pesimismo, un escenario similar al que se produjo ayer. Su número uno, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado en plena precampaña por el caso Mercasevilla; y Josefa Medrano, su número dos, procesada y con una amenaza de inhabilitación por el veto al homenaje de Agustín Foxá. Era un riesgo inevitable que Izquierda Unida estaba dispuesta a afrontar. Los dos casos son muy distintos. Incomparables. Pero tienen un elemento común: la juez Mercedes Alaya. La misma que ha puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía ha dejado en una compleja situación a IU a las puertas de los comicios.
Pese a que judicialmente el caso de Medrano está en una fase mucho más avanzada, IU no sólo tenía una defensa clara para su número dos -es "una imputación ideológica que dignifica"- sino que las circunstancias que rodean a su procesamiento no encajan en modo alguno con los supuestos recogidos en los estatutos de la federación que debían derivar en la dimisión e incluso la suspensión de militancia.
La imputación de Torrijos es distinta. Pertenece a la instrucción del mayor caso de corrupción de la democracia en Sevilla por el que hay más de una treintena de imputados y hasta cuatro causas abiertas, una de ellas por un supuesto cobro de comisiones. Todo en una empresa de la que Torrijos fue vicepresidente.
IU hizo su apuesta por el segundo intento del primer teniente de alcalde hace más de un año conociendo este escenario, pero con confianza en la inocencia de su cabeza de lista. Fue una decisión firme. Tanto es así, que las direcciones regional y federal trazaron una precampaña volcada en Sevilla y poniendo su gestión como ejemplo. El mismo coordinador regional Diego Valderas lo hizo hace sólo unos días: "Sevilla es un asunto de Estado". Y Cayo Lara lo iba a hacer el próximo día 14 de abril en la presentación de Torrijos.
Pero la confirmación de su imputación conduce a IU a una encrucijada. Los estatutos de la dirección regional son contundentes: "Los cargos públicos de IU que sean imputados en cualquier tipo de instrucción penal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones serán suspendidos inmediatamente de militancia y pondrán su cargo a disposición del Consejo Andaluz". Y no sólo eso. Hoy precisamente está prevista la firma del "compromiso ético por la regeneración democrática", un acuerdo de ámbito federal similar al firmado antes de los comicios de 2007, pero incluso más restrictivo: se plantea la dimisión cautelar de cargos públicos y de libre designación en caso de imputación y procesamiento por corrupción política o urbanística. La decisión trasciende por tanto del ámbito local controlado por un PCA que defiende firmemente a su candidato, y se enmarca en la órbita de la direcciones regional y federal, que pueden ver cómo Sevilla deja de ser un referente y se convierte, como ya le ocurre al PSOE, en un gran problema que invalida cualquier estrategia estatal. Y Torrijos, no lo olvidemos, "es hombre de partido". Pero todo apunta a que no será así. Torrijos será candidato.
¿Qué puede inclinar entonces la balanza hacia la continuidad de Torrijos ante el 22 de mayo? En primer lugar, el mismo elemento que tienen en común los casos Foxá y Mercasevilla: la juez Mercedes Alaya. Al confirmar la magistrada los peores temores de IU, ha dado pie a un argumento interno y público apoyado en hechos objetivos: en octubre de 2009, la Fiscalía aludió a la imputación de Torrijos y en octubre de 2010 la juez anunció que en "el momento oportuno" tendría que dar explicaciones. Pero no ha sido hasta ahora, con las elecciones ya convocadas, en plena precampaña y a mes y medio para los comicios cuando se ha formalizado. "Sorprendente", lo calificó ayer IU. A esto se añade que por tercera vez conoce a través de los medios que su portavoz está señalado. Pero hay un segundo elemento: las circunstancias de su imputación. Torrijos no entra como imputado porque se entienda que haya podido lucrarse por la adjudicación a Sando. De hecho, aún no se ha definido si hay una venta fraudulenta, quién se ha beneficiado. Torrijos, y en eso la juez ha asegurado sus pasos, es imputado porque los mayoristas de fruta le denuncian por el supuesto daño que ha causado a la empresa, de la que son accionistas, al promover la cláusula de limitación al alza. La misma que luego votó todo el consejo de administración. No hablamos pues de enriquecimiento ilícito, sino de un supuesto perjuicio a la empresa por no permitir una subasta y promover un concurso público para los terrenos. De hecho, la causa abierta por los empresarios tiene un objetivo: si la juez no halla pruebas para juzgar como fraude la venta a Sando, que tenga una vía abierta para juzgar la operación como un delito societario con Torrijos como principal implicado.
Torrijos volvió a explicar estas circunstancias ayer a la dirección regional, que a su vez habló con la provincial y la federal. Hoy lo hará públicamente. En principio, sin una escenificación de apoyo que dé más trascendencia a la comparecencia de la que tiene. Dar explicaciones y justificar que su caso tendrá que ser asumido como una excepción por la federación a nivel estatal. Un coste que IU, al menos a día de ayer, está dispuesto a asumir.
