La exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya enviada al Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE guardaba una sorpresa: los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, entre los aforados señalados. Ahora, como ya hiciera con los siete anteriormente marcados por ella, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la magistrada ha dictado un auto en el que ordena que se les comunique a ambos su supuesta implicación para «otorgarles la facultad de asumir la condición de parte». Alaya cree que contra ambos hay «indicios de cierta consistencia o solidez» de que cometieron los delitos continuados de malversación y prevaricación. Además, la magistrada ha dejado claro que va a continuar con la investigación hasta que el Alto Tribunal decida si asume o no el caso, tras lo que ha imputado a 20 personas más.
Lejos de estancarse a la espera de que el Supremo tome su decisión, el caso de los ERE no deja de crecer. En dos autos dictados el pasado jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 «ordena continuar» la investigación hasta que haya una resolución definitiva, comunicando a Zarrías y Moreno su implicación en el caso; y además, imputando a otras 20 personas, entre las que se encuentra un abogado de la Junta de Andalucía. La lista de imputados se eleva ya a 227 personas. En el caso de Zarrías y Moreno, la magistrada recuerda que a ellos «no se le comunicó la existencia del procedimiento como ocurriera con los anteriores», entre ellos los dos expresidentes de la Junta.
Alaya explica que si ambos aparecen en la exposición enviada al Supremo es porque «se han objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación». «Pudiendo el Tribunal Supremo tardar algún tiempo en resolver lo procedente sobre su competencia, resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición», añade la jueza. Por un lado, cree que debe informarles «porque pudieran resultar en un futuro inculpados por el tribunal superior» y, por otro, «para otorgarles expresamente, ahora, mediante la presente resolución, la facultad de asumir la condición de parte, posibilitándoles el traslado de las actuaciones y la participación en las diligencias que se practiquen, así como la petición de todas aquéllas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos».
Asimismo, en un segundo auto, la instructora acuerda imputar a 20 personas más por las irregularidades detectadas en los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén. Entre ellas se encuentra el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, por una ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva. Igualmente, amplía la imputación a otras 21 personas, entre las que se encuentra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Alaya también cita al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, uno de los aforados ya señalados en la causa. Todos están citados entre el 22 y el 30 de septiembre para declarar.
Ante todas estas novedades del caso, la presidenta de la Junta de Andalucía, dijo ayer que espera que cuanto antes, el Tribunal Supremo determine quiénes son los culpables y quiénes los inocentes en este asunto. Díaz también reiteró su confianza en Chaves y Griñán al considerar que han trabajado «con honestidad y honradez».
