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Alaya accede a la versión de los aforados al unir al caso la comisión parlamentaria

La jueza incorpora a la causa de los ERE las declaraciones ante la comisión de investigación en el Parlamento, incluidas las de Chaves, Griñán, Viera y Vallejo, a quienes no puede hacer testificar

el 23 may 2014 / 14:14 h.

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Alaya Por Rocío Velis y Daniel Cela La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, no podrá tomar declaración como imputados ni a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ni a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo por ser todos ellos aforados. En cambio, sí podrá acceder de primera mano a sus declaraciones y versiones sobre el caso, después de que haya dado orden de que se una «los trabajos íntegros» (no hubo dictamen único de conclusiones), de la comisión de investigación en el Parlamento celebrada para depurar responsabilidades políticas. La magistrada puso ayer fin a una semana de declaraciones, con otro día en el que todos, entre ellos el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río, se negaron a declarar. En un auto, Alaya alude al hecho de que a lo largo de las diligencias «se ha aludido en varias ocasiones a las declaraciones efectuadas ante la comisión», lo que «hace necesario incorporar» dicho trabajo. La comisión fue la primera en 17 años, pero se cerró en falso y sin dictamen de conclusiones por la incapacidad de los partidos de consensuar un relato único de lo ocurrido. Duró seis meses y tuvo 15 comparecencias al más alto nivel, como las de Chaves y Griñán. El informe del presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que ayer valoró positivamente la inclusión en la causa, apuntó a los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y Viera, como responsables políticos del fraude. Pero esas conclusiones fueron vetadas por PSOE y PP, el primero porque las creía excesivas, y el segundo porque las veía insuficientes. La paradoja es que el texto que al final se consensuó, después de haber sido mutilado por los partidos, no apuntaba a ningún responsable del supuesto desfalco de fondos públicos, ni siquiera el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, al que todos habían señalado como epicentro del fraude. El dictamen sólo lo respaldó el PSOE y fue rechazado con la suma de PP e IU . La comisión no fijó responsabilidades políticas ni penales, y no determinó si el sistema utilizado para repartir las ayudas sociolaborales era o no legal. Pero el documento que recoge todos los trabajos va más allá de las conclusiones descafeinadas. Ahí están todas las comparecencias, la documentación que han presentado para explicarse y el análisis que han hecho los tres partidos. Por otro lado, El que fuera responsable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desde 1982 hasta 2012, Francisco del Río, proclamó ayer que su actuación como jefe del Gabinete Jurídico de la Junta «se ha ajustado al más genuino y escrupuloso respeto de la legalidad en el ejercicio de la alta misión que le venía encomendada desde su absoluta independencia». Del Río se acogió a su derecho a no declarar «hasta tanto no obre en la causa» el informe que está elaborando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el papel que jugó en el fraude el IFA, luego Agencia IDEA para poder conocer «puntual y detalladamente los hechos que se me imputan». La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida cautelar contra él. Su abogado, Francisco Baena Bocanegra, entregó un escrito en el que le solicitó la suspensión de la declaración hasta que dicho informe fuese entregado. Por ello, exigió «necesariamente que con carácter urgente se reclame el mismo de la citada unidad policial para que sin excusa ni demora, y en el estado que se encuentre, se traiga a la causa y ponga a disposición de las partes tanto acusadoras como imputados». Como la suspensión fue aceptada, Del Río se acogió a su derecho a no declarar «hasta tanto obre en la causa la documental referida». El exjefe de los letrados dijo que va «a prestar su más leal colaboración con la autoridad judicial y las partes acusadoras para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, desde su firme protesta de inocencia, rechazando desde ahora con toda energía los reproches acusatorios contenidos» en el auto por el que fue imputado. Otros dos ex altos cargos tampoco declararon y un tercero no acudió porque justo ayer se casaba su hijo en Málaga.

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