La Universidad de Sevilla ha decidido suspender el proceso administrativo abierto tras la denuncia interpuesta por una profesora de Comunicación por una supuesta “falsificación” de documentos en un concurso público. La comisión de reclamaciones, dependiente del Vicerrectorado de Docencia, ha comunicado a la afectada su decisión, adoptada el pasado 13 de mayo, alegando que esperará a que el juzgado de lo Penal número 6 (dependiente de la jueza Mercedes Alaya) se pronuncie. En cualquier caso, y según ha podido saber este periódico de fuentes del caso, la Universidad confirma en la resolución que “si se constata la manipulación de documentos, se anularía el concurso”.
El caso se remonta al pasado mes de diciembre cuando la profesora Concepción Pérez Curiel, de la Facultad de Comunicación, denunció en los juzgados una presunta “falsificación” de documentos en el proceso de concurso de una plaza de profesor contratado doctor en el departamento de Periodismo II.
El proceso de selección. La docente concursó junto a otros cuatro aspirantes y, tras someterse a las dos pruebas previstas, quedó segunda, superada por su compañero de departamento Miguel B.M. El tribunal, presidido por la catedrática de la Complutense María Jesús Casals, y en el que actuó como secretario el profesor José Manuel Gómez y Méndez, decidió conceder la plaza al profesor por tres votos frente a uno que consiguió la demandante.
Concepción Pérez Curiel denunció la adjudicación no sólo ante la universidad sino también por la vía penal al entender que, presuntamente, se habría podido cometer una “falsificación documental”.
En estos momentos, el caso está en fase de instrucción en lo Penal. De hecho, se ha tomado declaración en calidad de testigo a varias personas. La resolución de suspensión de la Universidad de Sevilla también ha sido recurrida en la vía contenciosa-administrativa, donde ya está admitido a trámite.
La profesora Concepción Pérez Curiel denuncia tres delitos: falsificación de documento público, deber de custodia de documento público y falsedad documental. Las penas van de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación para cargo público de 2 a 6 años.
