La magistrada destaca en su resolución que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" del Parlamento. Alaya incide en que en el informe pericial de la Intervención General del Estado se deja claro que "el Parlamento, al aprobar la partida de Transferencia de Financiación, actuó con estricto respeto a la legalidad, ya que el propio Parlamento con anterioridad había definido claramente la naturaleza y finalidad de las Transferencias de Financiación, ratificándola año tras año en las leyes de presupuestos del periodo 2000-2012. Es obvio que el legislador andaluz no pretendió que se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico, tanto el aprobado por él, como el dictado con carácter básico para el conjunto del Estado".
En este sentido, la jueza recalca ahora que en el auto del pasado 3 de marzo sólo acordó requerir un informe de los peritos sobre "qué pudo conocer la Comisión de Economía y Hacienda de las irregularidades que se estaban cometiendo, acotando para ello el objeto de examen a dicha Comisión". Además, destaca que "partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los Parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto".
Eso sí, Alaya le reclama los "diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010, donde se debata la aprobación del Presupuesto Anual" y los "diarios de sesiones del Parlamento, en particular de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales del período 2001 2010".
