La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha ordenado a la Guardia Civil que haga una nueva investigación sobre los bienes que pueda poseer el directivo de Vitalia Eduardo Pascual, último imputado por los ERE que queda en prisión, ya que no ha encontrado ninguno a través del Punto Neutro Judicial. La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la investigación a través de dicho Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado que "no consta ninguna clase de bienes a su nombre". Por tanto, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "tras las averiguaciones oportunas, informe a este juzgado sobre los bienes que pudieran ser propiedad de este imputado". La petición se ha producido cuando la Fiscalía de Sevilla se ha mostrado favorable a rebajar la fianza que pesa sobre Pascual desde los 10.000 euros actuales a 6.000, en lo que sería la novena rebaja que experimenta desde que en marzo de 2013 ingresó en prisión. Pascual es el único de los imputados en el caso de los ERE que supera un año en prisión, ya que permanece encarcelado desde el 23 de marzo de 2013, cuando fue detenido por las sobrecomisiones que presuntamente cobraba a la Junta. Su abogado ha pedido que la fianza quede reducida a 5.000 euros ya que Pascual debe hacer frente a otra fianza, ahora fijada en 10.000 euros, impuesta por la Audiencia Nacional como imputado en el caso Eurobank. La máxima liquidez que la familia y conocidos del empresario pueden reunir asciende a 10.000 euros, por lo que la defensa ha propuesto que esa cantidad se reparta entre ambos tribunales. En sus escritos, la defensa mantiene que Pascual es "una persona de más de 60 años que no representa, a estas alturas, ningún peligro que haga suponer que ocultará, destruirá datos o se evadirá de la acción de la justicia". El empresario ha visto rebajada su fianza desde los 600.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla en mayo de 2013, que luego Alaya situó en 450.000 euros, 300.000, 225.000, 150.000, 50.000, 45.000, 20.000 euros y 10.000 euros, cantidades que el empresario se declaró incapaz de reunir. La juez considera que "persisten todos y cada uno de los motivos" que llevaron a encarcelar a Pascual hace 14 meses, pero visto el tiempo transcurrido parece deducirse que las sucesivas cantidades "resultan inasequible para que pueda gozar de libertad provisional". Por tanto, ha ido rebajando la cantidad por un "criterio de proporcionalidad" y para evitar "fianzas inasequibles que hagan ilusoria la posibilidad ofrecida al imputado de gozar de libertad provisional". Once de los 185 imputados por los ERE han estado en prisión pero ninguno superó el año, ya que la exdirectiva de Vitalia María Vaqué permaneció encarcelada once meses y el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero estuvo nueve meses y medio en dos etapas diferentes, en 2012 y en 2013.
