La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de las supuestas irregularidades en los ERE, ha decidido dejar en suspenso la tramitación de su inhibición solicitada por la Junta de Andalucía hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie al respecto.
En un auto, notificado hoy a las partes y al que ha tenido acceso ElCorreoweb, la magistrada recuerda que hay varios recursos planteados por las partes contra los tres autos en los que reclamó a la Junta de Andalucía las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad. Alaya cree que "por coherencia procesal y con el fin de evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios" procede "suspender el trámite del incidente de requerimiento de inhibición por conflicto de jurisdicción hasta tanto se resuelvan los recursos de apelación formulados".
Alaya también recuerda que los testimonios de dichas actas "están custodiados y salvaguardados", ya que permanecen en los juzgados guardados en un armario que contiene los sobre lacrados.
La Junta mantiene que la magistrada no es la competente para revisar estas actas y planteó el conflicto de jurisdicción para que el Supremo determine si debe entregar todas sus actas. Además planteó el recurso ante la Audiencia al entender que la magistrada "incluyó un nuevo trámite" no contemplado en la ley orgánica de conflictos de jurisdicción.
La Fiscalía Anticorrupción también se mostró contraria a que la juez tuviera acceso a todas las actas al considerar que invade competencias de la Junta. El Ministerio Público consideró que Alaya debió solicitar los acuerdos que le interesaban y no las actas de los últimos diez años.
