Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta
La jueza Mercedes Alaya ha vuelto a invitar a declarar en su juzgado a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en calidad de imputados en los ERE. La magistrada señala de nuevo a cinco exconsejeros: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, ManuelRecio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. El escrito, del miércoles 18 de diciembre, responde a la Audiencia Provincial de Sevilla, que hace menos de una semana anuló el auto original que señalaba a los expresidentes, atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia reclamaba a la magistrada que concretara las conductas presuntamente imputables a los exaltos cargos y le recriminaba que no explicara ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudiera ser constitutivo de delito. En ese sentido, la Audiencia reprochaba a Alaya que se basara en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación de sucesivos gobiernos autonómicos.
En su nuevo auto, Alaya trata de combatir esa laguna y en 28 folios refiere de forma pormenorizada cómo se repartieron durante una década las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Relatando cómo se elaboraban los Presupuestos y basándose en informes de la Cámara de Cuentas, de la Intervención General y en declaraciones clave como la del exinterventor, Manuel Gómez imputado, la magistrada apunta a cada una de las conexiones que a su juicio los expresidentes y exconsejeros de Empleo y Hacienda pudieron tener con este sistema supuestamente ilegal. Apunta una falta de control consentida. Trata de demostrar que todos sabían y conocían que las ayudas se estaban otorgando al margen de la ley, por dos motivos: porque se ordenaban esas transferencias de financiación en el Presupuesto y porque este fondo generaba un déficit alarmante de hasta 95 millones de euros primero en el IFA y después en la Agencia Idea, que obligaba a Hacienda a cubrir con ampliaciones presupuestarias. Es impensable que el consejero de Hacienda, entonces Griñán, no conociera que se había generado un déficit [en la Agencia Idea] de 93 millones de euros y posteriormente 95 millones de euros, provocado por uno solo, el director general de Trabajo; era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta, señala Alaya tomando textualmente un fragmento de la declaración del exinterventor.
Lo que no hace de nuevo Alaya es concretar qué delitos podrían haber cometido. La jueza no puede dar ese paso porque todos son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o ante el Supremo en su condición de diputados autonómico, diputado nacional o senador. El siguiente paso sería acudir a una instancia superior y separar una pieza política del caso.
Alaya trata de enmendar las acusaciones de la Audiencia. Tras relatar pormenorizadamente de forma absolutamente descriptiva y aséptica, según valora cómo se ideó el sistema de ayudas al margen de la ley y sin la fiscalización propia del gasto, la jueza señala trece conclusiones que dejan al descubierto todos los agujeros durante una década.
Subraya la ausencia de trámite administrativo para repartir las ayudas: ni solicitud, ni justificación económica, ni justificación de la finalidad pública o interés social de la ayuda, siendo los expedientes tramitados por Empleo un cúmulo se papeles inconexos sin orden. La jueza abunda además en que las ayudas eludieron la fiscalización y el control de la Intervención General, al salir del circuito de la Consejería y transferirse su adjudicación a una empresa pública (IFA e Idea). Las ayudas, añade, no se publicitaban y fueron discrecionales, terminando por concederse a personas o empresas en el entorno cercano a los sindicatos o la Junta. Recibieron pólizas personas por el solo hecho de encontrarse desempleados. Esto motivó que cierto número de ayudas fueran concedidas a amigos, familiares o personas del entorno de ciertos cargos de la Consejería de Empleo, señala. Intervenían de forma habitual intermediarios que traficaban con la influencia que tenían sobre los cargos de Empleo y se pagaban sin límite comisiones a las aseguradoras. Alaya subraya la acumulación de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, decisión que fue tomada por el consejero de Empleo, José Antonio Viera. El anterior esbozo, parcial y sucinto, concluye, describe las consecuencias que se produjeron por la falta de control consentida.
PDF del auto de la jueza Mercedes Alaya
