El ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos comparecerá mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid en calidad de testigo de un posible delito de alteración del precio de las cosas y de injurias al grupo Sacyr-Vallehermoso a través de mensajes enviados a móviles. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, la declaración se enmarca en las diligencias previas abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, sin que por ahora se le haya imputado en el mencionado delito.
Sacyr-Vallehermnoso presentó una denuncia el pasado 21 de febrero ante la policía para que averiguara el origen de un mensaje de texto (SMS) que recibieron varios trabajadores de la empresa en sus teléfonos móviles y que anunciaba una suspensión de pagos tras las elecciones generales del 9 de marzo.
Fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso explicaron a la agencia Europa Press que el grupo tan sólo presentó una denuncia contra el envío de mensajes por considerar que suponía un hecho constitutivo de delito y perjudicial contra la empresa. La denuncia era contra el envío de mensajes y no contra una persona en particular, según subrayaron.
En el texto de la denuncia, la compañía consideraba que su valor en bolsa podía verse alterado por la difusión de "rumores o de información ficticia o malintencionada". De hecho, en los días posteriores a la difusión del mensaje, el precio de las acciones experimentó una fuerte volatilidad, según se quejó la propia Sacyr.
El mensaje de texto decía: "Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso. El PSOE es responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de dicha compañía a cambio de aguantar hasta después de las elecciones. Zapatero se ha jugado el puesto. Pásalo".
El periódico La Vanguardia publicó en su edición de ayer que el juez instructor del caso, Pedro López, ha llamado a declarar al ex ministro de Fomento dibido a que la policía detectó que uno de los mencionados mensajes de texto iniciales se pudo originar en un móvil perteneciente a una de las empresas de Álvarez Cascos, Aqualium Spain.
La Brigada de Investigación Tecnológica, a través de su Grupo de Fraudes a las Telecomunicaciones, levantó la cláusula de confidencialidad de las operadoras de móviles para poder desarrollar la investigación, según confirmaron a la agencia Efe fuentes consultadas cercanas a la investigación del caso.
