Se abre juicio oral contra Del Nido y Julián Muñoz por irregularidades en contratos de obras en Marbella

Anticorrupción pide 11 años de cárcel para el letrado, el exalcalde de Marbella y otras 11 personas más por unos hechos sucedidos entre 2001 y 2002.

el 18 jul 2013 / 14:51 h.

delnido-muñoz El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha  acordado la apertura de juicio oral contra el letrado José María del  Nido, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y otras 11 personas más, en  el caso 'Fergocon', sobre las presuntas irregularidades en  contrataciones de obras por parte del Ayuntamiento de dicha localidad  en 2001 y 2002. Además, insta a que paguen 3,8 millones de fianza  como responsabilidad civil. Además, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press,  el juzgado declara a la Audiencia Provincial como órgano competente  para el enjuiciamiento del caso. En esta causa se ha investigado una  serie de obras contratadas a la empresa Fergocon, vinculada a dos  hermanos de Del Nido; sociedad que supuestamente se habría creado con  el único fin de realizar actuaciones para el Consistorio adjudicadas  "sin expediente y sin procedimiento" adecuado. Así, se ordena abrir juicio oral contra Del Nido y el exalcalde  marbellí por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude  en la contratación y falsedad en documento oficial y prevaricación,  todos con carácter continuado. Para ambos, tanto la Fiscalía  Anticorrupción como el Ayuntamiento, personado en este procedimiento  como acusación particular, han pedido 11 años de prisión. Además, el juzgado que ha instruido esta causa, que se inició a  raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda la  apertura de juicio oral contra dos hermanos del letrado; así como  contra varios técnicos entonces del Consistorio marbellí,  exresponsables de sociedades municipales y el que era interventor  municipal, al que sólo acusa el ministerio fiscal y no el  Ayuntamiento. En total, 13 personas. En cuanto a la responsabilidades civiles, en la resolución se  requiere para que presten fianza en la cantidad global de 3,8  millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias  que pudieran imponérseles". Así, se requiere 3,052 millones, que  constituye un 80 por ciento, a la entidad Fergocon, Muñoz y los tres  hermanos Del Nido; mientras que se requiere lo restante a los otros  nueve acusados. El fiscal ya presentó sus conclusiones provisionales, en las que  explicaba que la sociedad Fergocon, vinculada a los hermanos del  letrado sevillano, se constituyó "para canalizar el traspaso de  bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de  Julián Muñoz" y también se creó otra empresa para facturar trabajos a  través de la anterior, con personas vinculadas a uno de los hermanos  del letrado. El ministerio público sostiene que Muñoz y Del Nido realizaron  actuaciones sucesivas en la adjudicación directa de obras, la  "aparente ejecución" de las actuaciones y el pago de las facturas  emitidas. En una primera fase, se estima que Muñoz, como alcalde  accidental, estableció un acuerdo con los hermanos Del Nido y con el  administrador único de Fergocon para adjudicar a esta empresa obras  públicas "con perjuicio para los intereses municipales". Estas contrataciones se hicieron a través de una empresa municipal  de forma "directa y verbal, sin conocimiento ni autorización" del  pleno o comisión. "Se prescindió absolutamente de los procedimientos  establecidos por el ordenamiento administrativo en materia de  contratación pública", dice el fiscal, ya que fue "sin presupuesto"  previo, "sin publicidad ni concurrencia y con un fraccionamiento  fraudulento de facturación como medio burdo y grosero de elusión  parcial de la normativa administrativa aplicable". Así fueron  adjudicadas 15 actuaciones, entre obras, servicios y suministros. OBRAS La Fiscalía Anticorrupción considera que en una segunda fase,  Fergocon procedió "a la aparente ejecución de los trabajos" que le  fueron adjudicados directamente, para lo que la empresa, según se  precisa, emitió 501 facturas a una sociedad municipal por un importe  global de cinco millones de euros. Se añade en el escrito que las  obras no contaban con proyectos ni criterios de referencia a precios  oficiales. Con esto, "se garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad  de los supuestos trabajos y de la facturación de los mismos", señala  el ministerio fiscal en sus conclusiones iniciales, en las que se  pone de manifiesto que en este momento "era necesario la connivencia  de los técnicos municipales"; de hecho, están acusados dos de ellos y  el que era coordinador de obras y luego concejal. "Fue en la ejecución de estas obras y servicios donde se produjo  un desvío de capitales públicos", asevera la acusación pública,  explicando que en algunos casos fue porque se facturó con sobrecoste,  en otros porque no se puede determinar si las cantidades presentadas  son reales y se ajustan a precios de mercado; pero en otras ocasiones  porque las facturas son "íntegramente mendaces", ya que los trabajos  "nunca se realizaron". En otros casos, como es el servicio de limpieza de la vía pública,  según la tesis del fiscal, Fergocon facturó más metros cuadrados de  los que la otra empresa vinculada a los hermanos Del Nido, y cuyos  responsables también están acusados, le había facturado. Asimismo,  también se ha detectado en la investigación supuestos excesos de  horas de utilización de maquinaria respecto de las realizadas. La tercera fase es el abono por parte del Consistorio, de forma  que Muñoz y los hermanos Del Nido "concertaron" una doble vertiente,  por un lado, pagos con transferencia de bienes inmuebles mediante  convenios de dación en pago entre una de las sociedades municipales y  Fergocon, en algunos casos "incluso antes de que se iniciaran los  trabajos"; y, por otro lado, el abono de cantidades de dinero  mediante transferencias bancarias. El fiscal sostiene que en las transferencias de dinero  "intervinieron" tanto el que era concejal de Hacienda como el  entonces interventor, quien "no ejerció su función interventora" y  que pasó "de ser sancionado a percibir retribuciones" y complementos,  que se investigan en otra causa. Los reparos que ambos pudieron hacer  a los pagos, dice la acusación, "hubieran paralizado la sangría de  fondos públicos". Asimismo, se apunta que el gerente de la sociedad municipal que se  utilizó para los pagos "conocía de la ausencia total de controles  desde el inicio de la actuación" de la sociedad, así como "de la  quiebra flagrante de la legalidad".

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