La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, que abra ocho nuevas causas para aclarar la gestión de otras tantas empresas públicas. El Ministerio Público cree que recibieron fondos públicos que evadieron el control previo, utilizando la fórmula de las transferencias de financiación, la misma que se empleó para el pago de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Los fiscales le piden al titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, que abra estas nuevas causas después de haber examinado diversa documentación aportada por la Intervención de la Junta de Andalucía en el seno de las diligencias abiertas por Invercaria y al entender que pudo existir menoscabo de fondos públicos. El Ministerio Fiscal explica que las irregularidades detectadas no tienen conexión con la investigación de Invercaria y por ello solicita la apertura de estas causas. En concreto, el escrito reclama que se investigue la gestión de los fondos públicos de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa. También alude a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), aunque en este caso no solicita que se inicie una investigación, pues la misma ya se lleva a cabo por parte de la jueza Mercedes Alaya en el seno de las diligencias abiertas por los ERE. De hecho, en su escrito también le piden al magistrado que remita a Alaya varios documentos recibidos en esta causa. Tras examinar los informes, los fiscales concluyen que la utilización de las transferencias de financiación para el abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa siendo ésta exigible en ambos casos. Por ello, considera necesario investigar si la utilización del reseñado procedimiento puede ser constitutivo de ilícito penal prevaricación o/y malversación de caudales públicos, de existir menoscabo de los mismos. Para ello, los fiscales le reclaman al juez que le solicite a la Intervención los informes definitivos de cada una de las empresas de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado.
