El desalojo del antiguo colegio público San Bernardo, ubicado en el número 42 de la propia calle San Bernardo y ocupado desde hace años como "centro social ocupado y autogestionado", ha transcurrido finalmente con suma tranquilidad. Con la calle San Bernardo cerrada al tráfico rodado, la Policía Local y la Policía Nacional han entrado en el edificio después de que unos operarios rompiesen las cerraduras de su puerta principal y el Ayuntamiento hispalense ha recuperado el control de este inmueble cuya titularidad ostenta.
Durante la operación, marcada por un fuerte despliegue policial formado por unos 30 agentes y la presencia de los medios de comunicación, no se hallaba presente ninguno miembro de los colectivos sociales que hicieron del edificio un espacio para "la acción político-social, la generación de alternativas contraculturales y de ocio desde la autogestión y la autonomía, el desarrollo colectivo, el aprendizaje y la crítica", según figura en el propio blog del centro social.
Después de que unos operarios bregasen con las cerraduras del portón principal del edificio, la entrada en el mismo se produjo sin incidente alguno y el Ayuntamiento ha recuperado así este edificio de su titularidad. El director general de Seguridad del Ayuntamiento hispalense, José Antonio de la Rosa, ha explicado después a los medios de comunicación que "la mayoría de los vecinos" del barrio de San Bernardo estaba "en contra" de que el edificio estuviese en manos de estos colectivos. mediando diversas "quejas" al respecto.
EXAMEN ARQUITECTONICO De la Rosa ha explicado que un equipo de arquitectos municipales se encargará ahora de elaborar un "estudio técnico" sobre las condiciones de conservación "y seguridad" del edificio, tras lo cual el Ayuntamiento habrá de resolver qué "uso" dar al inmueble. "Si una asociación o colectivo tiene interés en usar un edificio municipal, debe consensuarlo con el Ayuntamiento", ha enfatizado insistiendo en que primero procede una "evaluación" del estado del edificio para determinar después su destino.
Como muestran las hemerotecas, fue el pasado mes de diciembre cuando la junta local de gobierno aprobó la recuperación del colegio público San Bernardo, ocupado sin título alguno desde hace años como "centro social ocupado y autogestionado". Mediante aquel acuerdo, el Ayuntamiento requería a los ocupantes del inmueble el desalojo voluntario del mismo "en un plazo de cinco días", advirtiendo además de que el desalojo sería consumado "por los propios medios" del Consistorio en caso de no mediar una salida voluntaria.
En ese sentido, y según un documento oficial del secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores, emitido el 25 de abril y recogido por Europa Press, una sentencia dictada el pasado 20 de marzo por la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "otorga autorización para la entrada a fin de cumplir lo previsto en dicho acuerdo", extremo que revoca un auto previo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Sevilla.
"De acuerdo con la Policía Local y el servicio de Mantenimiento, se ha señalado el viernes 2 de mayo, a las 8,30 horas, para que se efectúe el desalojo, previniéndose que serán de cuenta del desahuciado los gastos que se originen, pudiéndose retener bienes de la persona ocupante suficientes y proporcionados para garantizar el cobro de los mismos", figura en el citado documento.
