La incógnita estriba ahora en si Batasuna, partido ilegalizado por el Tribunal Supremo en 2003 por considerarlo el brazo político de ETA, condenará en sus documentos fundacionales a ETA, tal como demandan el Gobierno y los principales grupos políticos. Un informe reciente de la izquierda abertzale, que recoge los últimos debates de esta formación y que publicó el sábado El País, señala que el nuevo partido "rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de fines políticos y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones".
Unos objetivos que por el momento no convencen al Gobierno ni la oposición. Así, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, afirmó ayer en una entrevista en la Cadena SER que, desde su punto de vista, los tribunales no permitirán que el nuevo partido abertzale sea legal, y dejó claro que el Gobierno perseguirá las agrupaciones electorales en las que estén "tapados" miembros de Batasuna. Para Jáuregui, "haría falta un proceso que rompa tajantemente esa trayectoria" de vínculo de Batasuna y ETA. Por ello, el ministro insistió en que para que la izquierda abertzale pueda concurrir a las próximas elecciones ha de manifestar sin ambages, de forma "irreversible" y "para siempre" que condena la violencia.
Igual de contundente se mostró la secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien avanzó que el PP "no va consentir" que ETA se presente a los próximos comicios "de ninguna de las maneras". "Hoy otra vez el mundo de ETA está hablando de cómo va a hacer para presentarse a las elecciones municipales" señaló Cospedal, quien añadió que "lo único que interesa de ETA es que se disuelva, entregue las armas y pida perdón a las víctimas".
De forma distinta se manifestó el presidente del EBB del PNV, Íñigo Urkullu, quien apuntó que "todo el mundo sabe", incluido el Gobierno central y el PP, que Batasuna va a estar en las elecciones, por lo que apostó por que "estén bajo sus propias siglas y no con recursos ni planes B".
El Ejecutivo lleva meses preparando su estrategia jurídica para impedir que la nueva marca de Batasuna se pueda colar en las municipales. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y su secretario de Estado, Antonio Camacho, convocaran a mediados de mes unos encuentros en el ministerio en los que, además de representantes del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional, estuvieron presentes la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. El primer paso que dará el Gobierno es remitir a la Fiscalía los estatutos de la formación.
Unos documentos que establecerán un modelo organizativo inédito en la historia de la izquierda abertzale, pues tendrá un Congreso como máximo órgano, así como una Asamblea Nacional, una Ejecutiva y un secretario general, y contará con afiliados, figuras todas ellas inexistentes en Batasuna y en las formaciones que la antecedieron, según informó ayer el diario Gara.
Al acto de hoy acudirán políticos de PNV, Aralar, EA o EB.
