Los inmigrantes sin papeles serán delincuentes en Italia. El Gobierno de Berlusconi aprobó esta restrictiva ley, llamada "de seguridad", y en la que se añaden acciones contra la mafia. La nueva ley afectará a 700.000 inmigrantes ilegales residentes en Italia e incluirá penas de seis meses a cuatro años.
La consideración de la inmigración clandestina como delito figuraba ya en una ley promulgada en el anterior mandato del primer ministro, Silvio Berlusconi, y que fue declarada parcialmente inconstitucional en 2004.
Según explicó, el ministro del Interior, Roberto Maroni, además de la tipificación como delito de la inmigración irregular, entre las nuevas medidas figura la aceleración de los procesos judiciales y del tiempo de expulsión. "Estas medidas harán más fáciles las expulsiones", dijo Maroni, que no obstante destacó que se hacen con "pleno respeto a la normativa de la UE", que ve con recelo la ley restrictiva aprobada ayer y que deberá pasar por el Parlamento italiano, donde Berlusconi goza de una amplia mayoría.
Las medidas también incluyen a los ciudadanos de la UE, pues "se hará una verificación concreta de los requisitos exigidos a estos ciudadanos para poder residir sobre el suelo italiano". Esta precisión iba dirigida a las importantes colonias de rumanos, con las que la Policía actuó con espe- cial virulencia en los últimos días.
Entre los requisitos, está que "los ciudadanos tengan ingresos adecuados para mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó. En materia de inmigración también se enmarca la petición de la prueba de ADN a los familiares que pidan reunificar y confiscar los apartamentos alquilados a inmigrantes clandestinos. Además, se imponen nuevos requisitos para el casamiento de nacionales con extranjeros para evitar matrimonios de conveniencia.
En la lucha contra la mafia, el Gobierno agilizó el proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y "ponerlos a disposición de la comunidad".
En otras materias de seguridad, el Consejo de Ministros aprobó penas más severas para quienes conduzcan bajo efecto del alcohol y un refuerzo de la certeza de la pena. Asimismo, se ampliarán los agravantes para los delitos contra las personas ancianas y los minusválidos.
