El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmó ayer que no ha dado "marcha atrás" sobre la intención de su Gobierno de tipificar como delito la inmigración ilegal, y que su posición expresada ayer, sólo es "una opinión personal. Según Berlusconi, la prensa ha tergiversado sus palabras, ha actuado "con mala fe".
El dirigente explicó su "pensamiento personal" y dijo que una norma que prevea la cárcel, "para, por ejemplo, cuatro mil inmigrantes que entren al día, supone tener muchísimos magistrados capaces de intervenir y otras tantas prisiones para alojarlos". "Es una cosa que no se puede concretar", añadió Berlusconi, que reiteró que corresponderá al Parlamento expresarse sobre el proyecto de ley aprobado por el Gobierno.
Silvio Berlusconi dijo el martes que para él la inmigración ilegal "no es un delito, pero sí un agravante" en el caso de que se cometa un delito.
Estas declaraciones fueron bien acogidas por la oposición mientras que sus aliados afirmaron que sería un "error considerar la clandestinidad tan sólo un agravante" y aseguraron que con esas palabras Berlusconi "traiciona" al electorado que le votó.
En cuanto a la normativa europea, los países de la Unión acordaron ayer por mayoría cualificada, una nueva versión de la norma sobre el retorno de los inmigrantes irregulares, que incluye que la asistencia legal gratuita se dé en las mismas condiciones que a los solicitantes de asilo.
La asistencia jurídica gratuita se dará según estipulen las leyes nacionales, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión solo se dará cuando haya posibilidades reales de éxito y con límites de tiempo y cantidad económica.
La Comisión Europea incluirá una declaración específica para desbloquear dinero del Fondo de Retorno de inmigrantes ilegales para financiar esta asistencia jurídica en los países que lo requieran.
