El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no quiere que los jueces que hagan hoy huelga queden impunes. Así, reclamó al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que tome las "medidas" necesarias ante quienes no acudan al trabajo por la huelga.
A su juicio, las acusaciones que critican la falta de voluntad de diálogo del Ministerio de Justicia con el colectivo de jueces son "una broma de mal gusto" y la jornada de huelga supone una "degradación del sistema". No obstante, consideró que será "una minoría" la que secunde la huelga prevista para hoy.
En este punto, recordó que el órgano de gobierno de los jueces ya confirmó que no existía marco legal para esta movilización y defendió que había un clima, aunque no de pleno entendimiento, sí de "comunicación fácil" que prometía "un buen desarrollo" de las negociaciones entre las asociaciones y Justicia. En declaraciones a la Cadena SER, Bermejo dijo vivir "negativamente" este anuncio por la "decepción de ver a titulares de uno de los poderes del Estado en una actitud que no se corresponde con su responsabilidad". Como fiscal que es, reconoció tener "un plus de sabor amargo" porque "lo último que podía pensar era ver a unos jueces en huelga".
Dicho esto, preguntó a los convocantes "por qué ahora" han decidido convocar este paro teniendo en cuenta que el Gobierno actual es el que ha creado "más jueces, fiscales, secretarios y funcionarios" así como el que "más ha invertido en infraestructuras". Asimismo, admitió comprender el malestar existente en la Administración de Justicia porque no ha tenido "el gran impulso que debería haber tenido en estos 30 años", pero insistió en su rechazo a la respuesta de las diferentes asociaciones de jueces.
Por su parte, la Unión de Consumidores de España presentará una queja ante el Defensor del Pueblo con el fin de que pueda elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el derecho de huelga de los jueces a fin de evitar los perjuicios que puedan ocasionar a los ciudadanos la jornada de paro. La UCE en un comunicado difundido ayer considera "necesario que el TC se pronuncie sobre los perjuicios que la actual situación de la justicia causa a los ciudadanos y que defienda sus intereses".
Falta de confianza. Por otra parte, la huelga de hoy puede aumentar la falta de confianza que tienen los españoles respecto a la administración de Justicia. Esta institución del Estado es la que menos confianza genera entre los ciudadanos, a la que acuden cada vez más para resolver litigios, aunque también para quejarse de su lentitud. Concretamente, los ciudadanos dan una puntuación de un 3,74 a la Justicia, la más baja que recibe una institución del Estado, en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de noviembre. En esa encuesta, el 40% considera que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal e incluye entre las instituciones más desconocidas al TC y al CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles.
Esta valoración negativa no va acompañada de desánimo a la hora de confiar en la Justicia para resolver sus casos. Los ciudadanos acuden en la actualidad más a los tribunales (el número de asuntos aumentaron el 3,7% en 2007), según los datos por el Poder Judicial, que también indican que los jueces resolvieron más asuntos (un 5% más que en 2006), aunque los casos en trámite no se redujeron.
