Balón de oxígeno a la minería española. El real decreto español que autoriza la concesión hasta el 31 de diciembre de 2014 de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono superó ayer el examen de la Comisión Europea, que dio su visto bueno definitivo a la medida al considerar que respeta la legalidad comunitaria.
El Ejecutivo comunitario entiende que la norma española no excede los límites fijados por la Unión Europea, ya que sólo afecta al 9% de la producción de electricidad, mientras que el máximo europeo que los países pueden producir mediante materias primas autóctonas es un 15%, según explicó en un comunicado.
"La ayuda estatal se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales para la compensación por servicio público puesto que no dará lugar a una sobrecompensación de los costes soportados por los productores de electricidad", explicó la Comisión Europea (CE).
Además, España ha afirmado que se trata de una medida transitoria necesaria para "garantizar la seguridad del suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue estando mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente".
El régimen español podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2014 y, si las autoridades nacionales estiman que en algún momento antes de esa fecha las compensaciones se hacen innecesarias, podrán cancelarlas. Bruselas debía autorizar la medida española por exigencia de las normas europeas de competencia sobre ayudas públicas. España se ha comprometido a que el carbón autóctono que consuman las centrales térmicas procederá de minas que respeten las normas del futuro reglamento del carbón, que aún está en negociaciones en la UE.
La medida española ha suscitado fuertes reacciones a favor, desde el sector minero, y en contra, por parte de las organizaciones ecologistas, que consideran incoherente que se permitan este tipo de ayudas consideradas contraproducentes por la nueva estrategia de crecimiento económico de la UE para la década 2010-2020, "Europa 2020", propuesta este mismo año por la propia Comisión Europea. Esta nueva legislación comunitaria -que aún debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE- prevé eliminar los subsidios estatales al sector del carbón a partir de 2014 y supeditar cualquier apoyo adicional al sector a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias.
El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, que se reunió el martes en Bruselas con los comisarios de Competencia, Joaquín Almunia, y de Energía, Günther Oettinger, adelantó que España se opondrá al reglamento al considerar que "no es aceptable" que las ayudas al sector concluyan en cuatro años.
El del carbón da trabajo a unas 100.000 personas en Europa y depende de las ayudas para sobrevivir en varias minas principalmente situadas en la región alemana del Ruhr, en el noroeste de España y en el valle del Jiu en Rumanía.
Tras conocerse la decisión de Bruselas, los mineros encerrados en el Ministerio de Industria anunciaron su decisión de poner fin a su huelga de hambre ayer por la noche y hoy volverán a reunirse con el Ministerio para buscar una solución a los otros frentes abiertos, entre los que figura el pago de las nóminas atrasadas por parte de las empresas mineras Victorino Alonso y Viloria. Los seis sindicalistas pondrán fin a los ocho días de huelga de hambre, aunque seguirán con el encierro que iniciaron hace dos semanas en el Ministerio. El secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Alvarez, afirmó que la reunión con el Ministerio tendrá como objetivo buscar una solución a "las cuestiones que quedan ahora mismo en cartera". El secretario de minería de FIA-UGT, Víctor Fernández, indicó que la jornada de huelga convocada para hoy se "mantiene".
