El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado un acuerdo del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz para pagar algo más de 1,5 millones de euros al letrado José Luis Sierra, asesor jurídico de Jesús Gil, por su intervención profesional en defensa del Ayuntamiento de Marbella en cinco asuntos judiciales. Debido a esta resolución judicial, a la que tuvo acceso Efe, el Ayuntamiento de Marbella tendrá que pronunciarse de nuevo sobre las minutas ya cobradas por el abogado José Luis Sierra y, si las ve excesivas, podrá solicitar un dictamen al Colegio de Abogados para que en última instancia fije el importe correcto.
Se da la circunstancia de que la recurrente de este procedimiento es Isabel García Marcos, que en ese momento era portavoz del PSOE, y que más tarde fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella hasta su disolución de la corporación y procesada en el caso Malaya.
Cantidades excesivas. García Marcos, a través de su letrado, José Carlos Aguilera, presentó un recurso para anular el acuerdo de la comisión de gobierno aprobado por Julián Muñoz el 23 de enero de 2001 cuando éste ejercía como alcalde accidental.
En dicha comisión, Julián Muñoz ratificó el convenio firmado por él y por Sierra anteriormente en el que fijaban el pago de 1.502.530,23 euros por los honorarios del letrado por su intervención profesional en defensa del Ayuntamiento de Marbella en cinco procedimientos.
José Luis Sierra había presentado cinco minutas por estas actuaciones en una serie de asuntos judiciales como abogado defensor del Ayuntamiento de Marbella, minutas que ascendían a cerca de 2,1 millones de euros, pero en virtud del acuerdo se redujo a 1,5 millones de euros.
En el recurso presentado en 2001 por el letrado José Carlos Aguilera se ponía de manifiesto que "la minutas presentadas por Sierra no solo eran excesivas, sino desmesuradas".
En los fundamentos de derecho de la sentencia del Alto Tribunal andaluz, se establece que "dicho acuerdo fue adoptado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido al haber sido adoptado en trámite de urgencia sin motivación alguna y sin el previo informe de la Intervención de la Corporación, careciendo asimismo de respaldo presupuestario".
En este sentido, el Alto Tribunal andaluz destaca que "las cantidades acordadas serían excesivas respecto de las ordinarios fijadas por el Colegio de Abogados de Málaga".
