La Policía está investigando un posible caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona por conceder licencias de obras a cambio de dinero. El consistorio ha abierto ya una investigación a un arquitecto municipal, que ayer fue reasignado a funciones que excluyen la tramitación de expedientes urbanísticos.
La Policía, según informó ayer El País, ha recogido conversaciones telefónicas sobre estas prácticas irregulares en un informe dentro del sumario del caso Hidalgo por blanqueo de capitales. En una de ellas, alguien aseguró a Jan Nadir, imputado en dicha trama, que se había pagado una gran suma de dinero "para que den la licencia de urbanización". "Nos estamos comprometiendo [...] porque vamos a tener el permiso de forma inmediata. Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento", añadió el intermediario.
Ante esto, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), aseguró ayer que "la información [sobre estas escuchas] hace alusión al supuesto intento de una actuación irregular a nivel personal de un empleado municipal". "Es una operación de compraventa de un suelo urbano que no se ha recalificado ni ha habido aumento de edificabilidad", declaró el regidor, que insistió en que "parece ser que no se hace ninguna alusión al Ayuntamiento, sino que esa supuesta actividad irregular responde a la compraventa y no a la actitud del Ayuntamiento".
El arquitecto municipal. Las escuchas policiales destapan movimientos que buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar, según El País.
Según destacan los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul, SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa, SL, y Parque Rosales, SL, por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.
El arquitecto municipal es, precisamente, protagonista de al menos dos conversaciones con el imputado en el caso Hidalgo recogidas por la Policía. Ante estos hechos, el alcalde de la localidad malagueña no se aventuró más que ha decir que el consistorio "se informará y estudiará lo que ha pasado". "Si hubiera algo digno de actuar, lo habrían hecho los jueces. Estamos en un estado democrático y de derecho. Si no ha habido actuación judicial, este hombre sigue trabajando en el Ayuntamiento", manifestó Barrientos, que insistió en que "las supuestas actuaciones irregulares no afectan a la tramitación de ningún expediente por parte del Ayuntamiento".
El regidor socialista insistió en que siempre que ha tenido constancia de algo irregular ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción.
