Hace casi un mes, Emilio Tortosa, un médico del centro de salud de Palmete, denunció que había sufrido amenazas verbales continuas por parte de un paciente y sus familiares por su negativa a dispensarle una receta. Ya dijimos en su día que Tortosa había hecho lo correcto al denunciarles y que un juzgado había admitido a trámite su denuncia. Ayer, el Colegio de Médicos hacía público que tres de los supuestos agresores del médico de Palmete -un padre y dos hijos suyos- habían sido detenidos por la Policía por la supuesta comisión de un delito de amenazas graves. Ahora será la justicia la que tenga que esclarecer los hechos y la que, si lo considera procedente, establezca la correspondiente sanción, que podría tipificarse como delito y no como falta. Este es un buen ejemplo de lo que hay que hacer para acabar con la impunidad de quienes son capaces de agredir o amenazar a un profesional que se dedica a atender a la salud de los demás.
