Pavón, a la entrada de los juzgados en 2007.
Cinco años después, casi todo sigue igual, aunque en teoría ya no debería faltar mucho para poner el punto final. El famoso caso Camas, el supuesto intento de soborno denunciado por una concejal del Ayuntamiento camero, cumple hoy cinco años sin que todavía se sepa cuándo habrá juicio, y eso a pesar de que el juez dictó ya la apertura de juicio con jurado para ver una supuesta trama para comprar el voto de la ex concejal de IU Carmen Lobo, en un pleno que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2005. En principio, se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados el por entonces alcalde y actual coordinador local de IU, Agustín Pavón; los ex ediles del PP y del PA Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño, a los que se acusa de un delito de cohecho.Según el fiscal, los cuatro acusados, “con la intención de desatascar la situación del Ayuntamiento”, acordaron sobornar a la ex concejal Lobo, a la que supuestamente entregaron un sobre con 12.000 euros para comprar su voto. Por estos hechos, les reclama un año y medio de prisión. Inicialmente eran cinco los imputados, pero el ex concejal del PP en Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas quedó fuera porque su nombre sólo aparecía en unas conversaciones cuyas grabaciones fueron anuladas tal y como reclamaba la defensa.
Tras muchos retrasos, recursos, alegaciones y pruebas periciales, el Departamento de Acústica e Imagen del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil arrojaba hace unos meses un poco de luz en este enmarañado caso. El informe que elaboró tras un cotejo de voz entre la grabación original que dio lugar a las diligencias en 2005, la llamada prueba “dubitada”, y otras “indubitadas” realizadas ex profeso a los cuatro imputados, concluía que “no es posible realizar un cotejo de voz” en lo que a las muestras atribuidas al ex edil del PP se refiere. Eso sí, en el caso de los restantes tres imputados consideraba que “los resultados de los análisis” realizados son “más fáciles de observar”.
La defensa del ex edil del PP había solicitado que le fuese retirada la imputación a su cliente, si bien tras la audiencia preliminar celebrada el pasado 7 de mayo por el juez rechazó tal petición junto con la de sobreseimiento de las diligencias del resto. Dado el caso, el juez atendía así a la petición de apertura de juicio formulada por la Fiscalía de Sevilla, que en su escrito de calificación solicita un año y medio de prisión para cada uno de los procesados por un presunto delito de cohecho.
En aquel documento, además, el ministerio público se reafirmaba en la exculpación del que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas, ya totalmente apartado de las diligencias. Junto a la mencionada pena de cárcel, el fiscal reclama para cada uno de los cuatro procesados una condena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 24.000 euros.
El asunto estalló la mañana del 14 de septiembre de 2005 con la detención de los dos ex concejales y del empresario, todos ellos actualmente imputados junto con el ex alcalde, quien no fue arrestado pero muy pronto fue llamado a declarar ante la Policía Nacional en el marco de estas diligencias. El que fuera edil de Castilleja de Guzmán fue también llamado a declarar e incluido en las diligencias hasta que, en octubre de 2008, se decretó su exculpación, después de declararse nula la intervención del teléfono usado por el empresario. Pese a tantos reveses, cinco años después, todo parece indicar que en este curso judicial, por fin, se celebrará el juicio.
