El Defensor del Pueblo Andaluz llamó ayer a resolver "el déficit crónico de plazas y prestaciones" que padecen los recursos sociales destinados a la atención a la dependencia, según el informe La atención a las personas mayores dependientes en Andalucía.
José Chamizo, que entregó el documento a la presidenta del Parlamento andaluz, Mar Moreno, pidió a la Junta "otorgar la máxima urgencia en desarrollar la Ley de la Dependencia", sobre todo en cuanto a los retrasos en la valoración de las personas afectadas y la aplicación de los recursos asignados a cada dependiente así como "en el incremento de recursos residenciales, los asistenciales de tipo domiciliario y una mayor dotación de los servicios sanitarios públicos". Con este diagnóstico en la mano, Chamizo reconoció que "el punto de partida de la Ley de Dependencia no es bueno".
El Defensor del Pueblo Andaluz, que ha realizado dicho informe en colaboración con la Asociación Andaluza de Geriatría y Gerontología, salió al paso también de las acusaciones de la Junta hacia algunos ayuntamientos del PP -aunque Igualdad sólo cita explícitamente al de Almería-, a los que ha acusado esta semana de obstruir el desarrollo de la ley. Chamizo tachó la polémica de "estéril". ""Hay un colectivo que necesita una respuesta inmediata y lo que hay que hacer es atender las necesidades de los dependientes; lo demás es completamente secundario", sentenció.
Sin embargo, aunque no descartó que estos consistorios tengan responsabilidad, rompió una lanza en su favor: "A los ayuntamientos tampoco se les tiene muy en cuenta en la Ley de Dependencia y ahora se enfadan porque se les está exigiendo mucha colaboración -aseguró Chamizo-. Esto habrá que negociarlo entre todas las partes y arreglarlo para evitar más retrasos".
Demoras y decepción. "Sigue habiendo desfases entre el reconocimiento del grado de dependencia y la asignación de recursos", denunció Chamizo. El informe asegura que "los datos (...) han evidenciado la escasa previsión en los poderes públicos para acometer la magnitud de las demandas ciudadanas, lo que más allá de los incumplimientos de los plazos procedimentales, ha originado cierta decepción en sus potenciales beneficiarios".
Esta es la causa, afirma el documento citando datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, de que de las más de 88.000 solicitudes presentadas en Andalucía durante 2007 a finales de año todavía quedaba un 30% sin valorar.
El Defensor también critica que otro de los errores de cálculo de la consejería radicó en que, aunque en 2007 las ayudas únicamente les correspondían a los grandes dependientes, las solicitudes, una vez entrada en vigor la ley, no sólo iban a proceder de este colectivo sino de todas las personas en cualquiera de los grados de dependencia.
Según los datos facilitados en el informe del Defensor, de las más de 88.000 solicitudes de 2007, sólo algo más de la mitad han sido valoradas y reconocidas como grandes dependientes, exactamente 40.770, un dato que cuadra con las previsiones de la consejería para este sector: entre 35.000 y 42.000 andaluces.
