La nueva ley de la vivienda elaborada por la Junta de Andalucía se encamina al tramo previo a su aprobación definitiva por la Cámara autonómica tras conseguir el aval definitivo del Consejo Consultivo. La autorización es importante por cuanto que la Consejería de Vivienda ha perseguido en todo momento la búsqueda del máximo consenso para una norma que, por primera vez en España, desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna. A partir de su ratificación, los andaluces no tendrán el derecho inalienable a ostentar la propiedad de un piso, pero sí que podrán exigir a las Administraciones que tengan una oferta de viviendas que se adecúe a las necesidades protegidas de la sociedad a la que presta el servicio. Esto, en la práctica, implica un cambio sustancial en las reglas del juego del mercado inmobiliario, pues obliga a confeccionar una oferta muy ambiciosa de VPO para los más de 700 municipios andaluces y contempla un régimen de exigencias de las que tendrán que responder quienes no cumplan con lo recogido en su articulado. El compromiso es elogiable, pero sólo permitirá la obtención de resultados positivos si no falla el factor que está resquebrajando el mercado de la vivienda protegida: la falta de financiación que sufren los promotores de VPO y los aspirantes a acceder a una vivienda de esta tipología. Al igual que ocurre con tantas pequeñas y medianas empresas cuyos negocios son sólidos pero viven en la incertidumbre que genera la falta de circulante de su día a día, la apuesta por el impulso de la construcción de viviendas de precio tasado necesita de una financiación que a día de hoy no está asegurada. El Gobierno andaluz y los bancos y cajas firmaron un convenio para el aseguramiento de la liquidez financiera, pero sigue sin dar los frutos deseados. Y si no hay dinero, las leyes se convierten en simples buenas intenciones. De ahí la importancia de acabar con este cuello de botella financiero.
